No más dilaciones ni marcos jurídicos incompletos en el combate a la corrupción
Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.- Ayer se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta instancia que articulará a las siete instituciones que conforman el sistema nacional nacerá incompleta y en medio de un proceso enrarecido. A más de dos años de haberse emitido la primera convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción -en adelante Fiscalía Anticorrupción- el Senado ha aplazado su decisión y aún no logra alcanzar acuerdos que hagan posible este nombramiento.
Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado consideramos que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción debe darse en paralelo a la discusión de reforma del artículo 102 de la Constitución Federal relativo al nombramiento del Fiscal General. La intención es que esta Fiscalía nazca con total autonomía, ya que bajo el marco normativo actual, estaría inserta en la actual Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con la experiencia comparativa a nivel internacional, sabemos que esta falta de autonomía puede limitar sustancialmente investigaciones relacionadas con actos de corrupción de altos funcionarios federales, especialmente los adscritos a dicho poder. Más aún, la propia Fiscalía, al día de hoy carecería de facultades esenciales como las consistentes en nombrar y remover a su personal. La legislación actual permite al Procurador General dar por terminada toda investigación relacionada con hechos de corrupción, aún en contra de la opinión del futuro Fiscal Anticorrupción.
Por ello exhortamos al Senado a convocar, mediante sus comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana, a una amplia discusión, bajo el esquema de Parlamento Abierto, sobre el artículo 102 Constitucional y sobre el modelo de Fiscalía General que el país requiere. Asimismo es fundamental que acelere los esfuerzos para analizar y aprobar la Ley Orgánica y demás leyes secundarias que permitan el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General, y que otorgue la garantía de recursos materiales, humanos y operativos para el funcionamiento de las fiscalías especializadas que dependen de la Fiscalía General.
En cuanto a la designación del Fiscal Anticorrupción, es fundamental que el Senado se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política haga explícitos los criterios y razones que lleven a la selección del candidato o candidata que someterán al pleno para su ratificación. Además es fundamental el compromiso de dotar al Fiscal Anticorrupción de un número suficiente de unidades especializadas en cada una de las delegaciones del Ministerio Público, para poder integrar investigaciones que impliquen delitos de corrupción.
Es importante que el proceso cumpla con principios indispensables de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con los que se han llevado a cabo otras designaciones públicas exitosas.
En el contexto actual del país y ante la expectativa social del compromiso político en el combate a la corrupción, se espera que el nombramiento abone a la legitimidad del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso sólo podrá ocurrir si se justifica a la sociedad cuáles fueron los criterios considerados por el Senado para evaluar, incluir o descartar la idoneidad de los candidatos a partir de cuestiones fundamentales como la autonomía política, los conocimientos técnicos, la trayectoria y la capacidad probada en materia penal y administrativa.
La tarea para la creación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción será una de largo aliento. En ése camino es indispensable consolidar la institucionalización a partir de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos para la selección y promoción de su personal, así como la definición del marco jurídico necesario y las garantías presupuestales adecuadas de forma que cuenten con las condiciones para garantizar un Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la legalidad en nuestro país. Sólo con dichas bases, la Fiscalía General y sus diversas fiscalías especializadas, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, podrán contribuir a una adecuada procuración de justicia federal con apego a principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y certeza jurídica.
Posponer el debate público sobre el diseño de la Fiscalía General y la designación del Fiscal Anticorrupción minarían los esfuerzos que como sociedad hemos estado realizando durante los últimos años. Para preservar esos avances se vuelve imperativo crear el andamiaje adecuado para un Sistema Nacional, que permita enfrentar correctamente uno de los problemas más dañinos para México que es la corrupción.
Organizaciones:
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
CCiudadano, Construcción y articulación de lo público
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)
CLYE Abogados
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Cultura Ecológica
Eco-ciudadanía del Futuro
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
ICREA-International
Impacto Legislativo
Información Accesible y Rendición de Cuentas (Iarac)
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo
Iniciativas Humanas y Sociales
Instituto de Desarrollo y Equidad
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP)
Mexicanos Primero
Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MUCCI)
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Observatorio Ciudadano de León
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)
Participando por México
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Transparencia Ciudadana
Transparencia Mexicana
Redes y colectivos:
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Frente contra a la Pobreza
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) integrada familiares de personas desaparecidas en el estado de Coahuila
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Personas:
Alfonso Carrillo
Alfredo Lecona Martínez
Carolina Pimentel
Catalina Pérez Correa
Daniel Vázquez
Denise Dresser
Eliana García
Ernesto López Portillo
Gonzalo Ibarra
Guadalupe Barrena
Ina Zoon
Iván García
Jorge Javier Romero
José Mario de la Garza Marroquín
Layda Negrete
Maite Azuela
María Novoa
Pablo Girault
Alberto J. Olvera
Alberto Suárez Castillo
Alejandra Ríos Cázares
Angel Martínez Armengo
Araceli Aguilar González
Benjamín Chacón Castillo
Bernardino Vazquez Rosas
Booggar González
Carlos Escobedo Suárez
Carlos Manuel Pérez Castrejon
Diego Ernesto Diaz-Iturbe
Diego Jacobo Morales
Eduardo Hernández
Enrique Espinoza Cruz
Enrique Ortiz Casillas
Eréndira Sarahí Pérez Ponce
Ericka Beatriz Peña Ayala
Felipe Mendoza Vallarta
Francisco Manuel Flores Carrillo
Frida Romay Hidalgo
Gabriela Edith Morales Martínez
Gabriela Inés Montes Márquez
Gustavo Arballo Luján
Héctor Rubio
Jaime Hernández Colorado
Jorge Javier Romero
Jorge Juárez Escalona
Jorge Orlando Espíritu Hernández
Jorge Ortizgris Serna
José Alfredo Domínguez Pineda
José Juan Sánchez González
José Luis Caballero
José S. Maradiaga Ceceña
Liliana Veloz
Lourdes Morales
Luis Alberto Ramos
Luis Fernández
Mariana Velarde Aguirre
Mario Alzate Cruz
Miguel Ángel Galán
Moisés Díaz Vargas
Mucio Israel Hernández Centeno
Oscar David Hernández Correa
Paulina Gutiérrez Jiménez
Pedro Carta Terrón
Ramón Aguilera
Reynaldo Castro Melgarejo
Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
