México D.F., 30 de agosto 2011.- El 25 de agosto se difundieron rumores a través de Twitter sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz (Este). Como respuesta, la Procuraduría General de Justicia anunció horas después que presentaría cargos bajo el delito de terrorismo en contra de los dueños de 17 cuentas de Twitter lo que derivó en la detención de Maruchi Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22).
Maruchi Bravo fue empleada del gobierno de Veracruz adscrita al Ministerio de Educación, donde fungía como directora de actividades artísticas y culturales. Tanto Bravo como Martínez se declararon inocentes de todos los cargos. Unas horas más tarde, una carta de Bravo circuló en los medios de comunicación acusando a la Procuraduría de Justicia de someterla a maltratos psicológicos.
Las autoridades han rechazado las acusaciones de maltrato e insisten en que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, sino una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Sin embargo, mientras que los rumores circulaban ninguna de los dos cuentas de Twitter del gobierno en materia de seguridad pública, ofrecieron con información que desestimara los rumores sino que se limitaron a reproducir el mensaje del gobernador condenando el «mal uso de las redes sociales para esparcir terror». Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluyen la condena a la difusión de información falsa o sin confirmar.
Bravo y Martínez están detenidos y acusados bajo el cargo de terrorismo contemplado en el Código Penal de Veracruz artículo 311 y de ser sentenciados podrían enfrentar una pena de prisión de 3 a 30 años.
«La detención de usuarios de Twitter por terrorismo es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información con cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año y ahora el uso discrecional de la ley para perseguir a los usuarios de Twitter es un exceso.» Comentó Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centro América de ARTICLE 19.
ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador Javier Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de este derecho de manera injustificadas y desproporcionadas en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública. De igual forma, se hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique las condiciones de arresto Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, así como para corroborar que su derecho al debido proceso se ha respetado.
Notas para la Prensa
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