La desaparición forzada de personas es un delito grave según los derechos humanos. Este delito se entiende como complejo ya que ya que supone, al mismo tiempo, la violación de otros derechos fundamentales. El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo o aquiescencia. La desaparición forzada, según expertos, es de los delitos más lacerantes para familiares, colegas y amigos, por la continuidad en el tiempo del delito. Muchas veces se reconoce que el dolor de los familiares es continuo debido a que no encuentran certidumbre sobre el paradero de su familiar. Esto imposibilita el cierre del duelo.
La política de seguridad del Presidente Calderón ha tenido graves consecuencias sociales. El desplazamiento forzado, libertad de prensa acotada y con miedo, sociedad desquebrajada, huérfanos, etcétera. El reinado de la impunidad, como le podríamos llamar a nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia, ha tenido y sigue teniendo, consecuencias graves en nuestro estado de derecho. Una de ellas es la señal de aliento de perpetradores contra medios de comunicación y periodistas. Con el único fin de silenciar el libre flujo de ideas, opiniones e información.
Está en México en visita oficial, el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada las Naciones Unidas. Su visita, en sí son buenas y malas noticias. Muy malas porque el motivo de su interés de venir a México tiene que ver con las múltiples denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre lo cotidiano que se ha vuelto este delito en México. “En lo que va del sexenio de Calderón, las quejas por desaparición forzada ante la CNDH suman 283. Si durante 2007 el organismo oficial de defensa de los derechos humanos registraba 43 casos. En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 124 quejas relacionadas con presuntas desapariciones forzadas en México. La cifra, la segunda más alta de los gobiernos panistas –en 2001, hubo 137 quejas– se incrementó en 288 por ciento respecto de 2007, el primer año de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y cuando los informes de la Comisión registraron 43”.
Artículo 19 presentó al Grupo de Trabajo un informe sobre los 10 periodistas desaparecidos en México. Periodistas que se desconoce su paradero. Periodistas que han sido ignorados por las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. La reunión fue muy productiva y los miembros del Grupo de Trabajo mostraron mucho interés en los casos de periodistas desaparecidos. Además de abordar sobre la necesidad de la tipificación penal y las acciones estatales para la búsqueda y localización de la persona -viva o muerta- Artículo 19 consideró pertinente evidenciar la situación de la ausencia de políticas públicas de atención debida a quienes les desaparecieron a una persona (que se dedicaba al periodismo). En este sentido, la exposición estuvo centrada en la necesidad de buscar políticas públicas que atiendan cuatro puntos principales:
1. Asistencia legal ante las diversas situaciones jurídicas que se generan con la desaparición. Como son la declaración de ausencia y posterior inicio de la sucesión (testamentaria) para poder disponer de los bienes; o la forma de seguimiento a las obligaciones alimentarias; eventual juicio laboral contra los medios de comunicación, etcétera.
2. Atención psicológica a familiares desde el momento de la presentación de la noticia del crimen y durante todo el proceso de búsqueda de la justicia, a fin de evitar re victimizaciones y procurar que durante el largo proceso puedan afrontarlo con la mayor fortaleza posible.
3. Protección a la integridad personal de quienes buscan la justicia (no sólo quienes les permanecen a las desaparecidas sino quienes brindan sus testimonios ante el ministerio público) desde la noticia del crimen y durante todo el proceso.
4. Medidas de apoyo humanitario o asistencial. En muchos casos la persona desaparecida era el sustento económico. Su ausencia genera problemas para garantizar: alimentación, vivienda, salud, educación, etcétera. Por lo que se sugirió que se promueva que dentro del fondo de atención a víctimas del delito, se establecieran una categoría para ayudar a casos de familiares de periodistas desaparecidos.
La ONU deberá pronunciarse, al final de su visita, sobre el tema de personas desaparecidas en México. La situación de estos casos coloca, nuevamente a México, como un país violento, sin estado de derecho. Ahogado en impunidad. La visita de la ONU deberá promover cambios importantes para atender estos delitos continuados.
*Este texto fue escrito con información de Iván Baez.
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