Marcelo Ebrad Casaubón deja de ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal después de un periodo de seis años. Recientemente, el 18 de septiembre, presentó su último informe de gobierno en el Auditorio Nacional donde en 40 minutos abordó los logros de su administración. Días antes había presentado en el Teatro de la Ciudad el informe del Segundo Año del Programa de Derechos Humanos, parece que para los capitalinos estos han sido 6 años de respeto a los derechos, transparencia, vanguardia y modernidad ¿es del todo cierto? ¿Cuáles han sido los costos? ¿Qué no dijo Marcelo Ebrard en su informe?
Las reformas de agosto de 2011 a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sin duda fueron de vanguardia en el tema legislativo de acceso a la información. Al igual, a principios de este año Ebrad se congratuló de que la Ciudad de México sea la “región más transparente” en el país. Esto lo hizo durante la entrega a funcionarios públicos de certificados “100 por ciento capacitado en ética pública” y “100 por ciento en Ley de Protección de Datos Personales”.
Es bueno que las personas que nos gobiernan reconozcan e integren a las políticas públicas el tema de acceso a la información, transparencia y gobierno abierto como una forma de mantener informada a la ciudadanía de sus acciones, buscando así una verdadera rendición de cuentas.
Lamentablemente, ante el hecho de que el Distrito Federal sea la “región más transparente” hay varias acciones que hacen dudar de esta designación. Existen grandes vacíos informativos que han propiciado las dependencias del GDF con respecto a varias obras que se han realizado en la ciudad, la Supervía Poniente es un claro ejemplo de esto.
Tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), como la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal (CDHDF), han emitido resoluciones y recomendaciones para exigir al GDF la publicación de información con respecto a la construcción de diversas obras públicas como la Supervía. La CDHDF concluyó que el gobierno del DF ha violentado el derecho a la información de la ciudadanía al no garantizar el acceso a información de interés público, que en algunos casos es información de oficio, es decir, que están obligados a publicar por ley. La negativa del GDF a publicar la información como contratos de la obra, los aspectos financieros (costo de construcción, costo del peaje, etc.) y los documentos que acrediten los títulos de concesión e identifiquen a los responsables, representa una violación además al acceso a la información, a otros derechos fundamentales.
El 20 de enero del 2011 la CDHDF emitió la recomendación número 1/2011 bajo el título Violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la obra pública denominada “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la ciudad de México (Supervía Poniente). En ésta se daba seguimiento a las denuncias presentadas por varias organizaciones civiles y de vecinos de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con respecto a la construcción de la Supervía.
En el documento la CDHDF establece la violación a diversos Derechos Humanos, como lo son: la seguridad jurídica, el acceso a la información, la participación, un medio ambiente sano, al agua y a una vivienda adecuada.
Como resalta la CDHDF, en su recomendación 1/2011, desde principios de los años 90 el GDF ya tenía conocimiento de la oposición de los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras a la construcción de proyectos de infraestructura vial que afectaran negativamente su entorno. En 1993 los vecinos de estas delegaciones se manifestaron en contra del proyecto Contadero-Luis Cabrera, este proyecto se canceló, pero tiene varias similitudes con la Supervía Poniente.
El 21 de agosto del 2008 los vecinos de las dos delegaciones se reunieron con el Ingeniero Héctor Hernández Llamas, Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, que fungió como Delegado de Departamento del Distrito Federal en Álvaro Obregón en 1993. En dicha reunión la autoridad presente reconoció la falta en la que incurre el GDF al no proveer a la población afectada e interesada con la información necesaria sobre la obra, así como no incluir ni considerar las opiniones de los ciudadanos para el desarrollo del proyecto. Asimismo las autoridades se comprometieron a suspender el proyecto hasta que no se realizaran los estudios ambientales necesarios, y se consultara e informara a la población. Evidentemente las autoridades no cumplieron con los compromisos que se mencionaron en la reunión de agosto del 2008.
Las autoridades del Distrito Federal nunca tuvieron la iniciativa de informar de manera previa a los ciudadanos sobre el proyecto de la Supervía Poniente, a pesar de que conocían las preocupaciones de los habitantes de la zona. Los afectados por la obra solamente tuvieron conocimiento sobre ésta a través de los medios de comunicación, lo cual evidencia la falta de compromiso de las autoridades capitalinas para informar sobre las implicaciones de la obra a la población afectada.
Solamente hasta junio del 2010 el GDF comenzó a hacer pública alguna información por internet, esto después de reiteradas solicitudes de información. Un mes después las autoridades entregaron por primera vez información a los vecinos. En ese momento las autoridades aclararon que la obra ya no era negociable y que era inevitable que se realizara.
A pesar de las reiteradas peticiones de información a las diferentes dependencias del GDF y a las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, los órganos de gobierno se han negado a difundir la información solicitada.
Varias organizaciones y personas han decidido hacer frente al proyecto de la Supervía, ya que afecta directamente su forma de vida, y sólo han encontrado como respuesta la mano dura del gobierno capitalino. El proyecto de la Supervía sigue y todo indica que bajo la administración de Miguel Mancera seguirá. Esto muy a pesar de las recomendaciones y las flagrantes violaciones a derechos humanos.
La imposición de un proyecto como la Supervía Poniente, que desde un principio violó el derecho al acceso a la información y otros derechos fundamentales, es una muestra clara de que muchas veces los derechos humanos quedan supeditados a otros intereses y sólo existen en un ámbito discursivo y no son una realidad para muchas personas tanto en el Distrito Federal como en todo México.
