Ciudad de México 19 de febrero de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó, el jueves 13 de febrero de 2025, dos iniciativas legislativas en materia de seguridad pública, investigación e inteligencia: la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la  “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”.

A pesar de haber sido anunciadas como “herramientas para combatir la inseguridad”, las leyes propuestas establecen diversas medidas que amenazan gravemente la privacidad, la seguridad y los derechos de la población.

La creación de una “plataforma digital de usuarios de telefonía móvil”

En las leyes presentadas se propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, asociado a una identificación oficial, la CURP o el RFC en caso de personas morales. El registro se contempla como una condicionante para el acceso a la telefonía móvil e incluso plantea la cancelación de todas las líneas telefónicas vigentes que no sean registradas.

Esta “plataforma” representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro, 8 por ciento. 

Esta iniciativa también emula al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.

Como ha sido demostrado anteriormente y reconocido por la SCJN, no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca la actividad criminal. Por el contrario, resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos.

Además, el Padrón sería eludible sin dificultad mediante las múltiples técnicas y mecanismos actualmente utilizados para la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas SIM; el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos); la utilización de servicios de voz sobre IP (VoIP); el robo de teléfonos móviles, entre otros, por lo que podría incriminarse fácilmente a personas inocentes.

El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil también pone a la población en un estado de riesgo frente al acceso no autorizado por vulneraciones de datos o de actos de corrupción cometidos por autoridades federales, estatales, e incluso municipales, quienes tendrán acceso al registro sin control judicial ni supervisión de una autoridad de protección de datos profesional y autónoma –tras la desaparición del INAI– y sin que se contemplen otras salvaguardas como el derecho de notificación a las personas afectadas.

Lo anterior resulta aún más grave cuando se toma en cuenta la frecuente colusión entre las autoridades municipales, estatales, e incluso federales con la propia delincuencia, la cual, de obtener acceso a la plataforma, podrá utilizar la información registrada para cometer delitos en contra de la población.

Así mismo, el condicionamiento del acceso a la telefonía móvil a la entrega de datos personales —además de constituir una violación al principio de consentimiento, según ha establecido la SCJN— vulnera el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, reconocido en la Constitución, en tanto obstaculiza de manera innecesaria el acceso a Internet, lo cual impacta particularmente a poblaciones en situación de pobreza y poblaciones rurales.

La centralización de bases de datos: una peligrosa infraestructura de vigilancia masiva

Las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia establecen un nuevo Sistema Nacional de Información que pretende fusionar información contenida en bases de datos sobre registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales, datos y registros telefónicos, entre otros, así como cualquier otra base de datos —inclusive en posesión de entes privados— que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) considere arbitrariamente que permita “extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.

La legislación propuesta inclusive contempla la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para procesar e interrelacionar los datos personales de toda la población y pretende conceder acceso a las bases de datos del sistema a instituciones policiales, tanto federales, como estatales, e incluso municipales. 

De igual manera que el registro de usuarios de telefonía móvil, la legislación no contempla salvaguardas mínimas contra el abuso, como el control judicial. De esta manera, autoridades que frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia podrán acceder a datos personales sensibles de toda la población, amenazando así la seguridad y los derechos de la población.

Este sistema centralizado de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales sensibles constituye una medida de vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptible de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir. 

Ante estas propuestas legislativas, las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica y SocialTIC denunciamos enérgicamente este intento por ampliar y consolidar una infraestructura tecnológica autoritaria en México para otorgar poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Así mismo, hacemos un llamado a cualquier persona comprometida con los derechos humanos a resistir este grave atentado en contra de la privacidad de la población, que la cancela en la práctica y pone a las personas en un riesgo mayor ante la delincuencia que opera fuera y dentro del Estado. 

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