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Juez ordena el regreso a prisión de Zamora

Ciudad de México 10 de marzo de 2025.- ARTICLE 19 condena la reciente decisión del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, en la cual se ordena que Jose Rubén Zamora Marroquín regrese a prisión preventiva. La decisión revoca la medida sustitutiva de arresto domiciliario que se otorgó a favor del periodista el 18 de octubre de 2024 y se alinea a la resolución de la Tercera Sala de Apelaciones dada a conocer el 4 de marzo de este año.

El regreso de Zamora a prisión es una grave vulneración a la libertad de expresión en Guatemala, y aumenta el nivel de daño en el que el sistema de justicia ha incurrido respecto a los derechos del periodista, en el marco de la criminalización de la que es sujeto por su labor periodística. 

Es evidencia de la situación de cooptación que enfrenta el sistema de justicia que el día de hoy el Juez Erick García haya declarado que sufrió intimidación y amenazas en torno a este caso, a fin de mandar al periodista a prisión a pesar de que él no comparte esta postura. García es juez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Pena y fue quien dictó el arresto domiciliario en octubre de 2024. “La Sala no me permite conocer la audiencia de libertad del periodista y dejó constancia que sí es viable otorgarle las medidas” declaró García.

Es urgente que se tomen medidas para asegurar el diligente funcionamiento del sistema de justicia. La instrumentalización del derecho penal, en el acoso a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, es un acto incompatible con el respeto a los derechos humanos fundamentales y referidos en la normativa nacional y en los convenios internacionales de los que Guatemala forma parte.

Hacemos un llamado al gobierno del presidente Bernardo Árevalo para que avance en la recomendación hecha por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, en su última visita in loco, en el sentido de “implementar un plan nacional para investigar con debida diligencia y sancionar las restricciones a la libertad de expresión” con el objetivo de reparar, en la medida de lo posible, la situación a la que se enfrentan las voces críticas e independientes que actualmente son víctimas de acoso judicial, como es el caso de Zamora.