Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en materia penal concedió el día 18 de abril el amparo y protección de la justicia federal en contra del acuerdo dictado el 28 de septiembre de 2015 por parte de la Fiscalía Central de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el que se “reservaban el derecho de admitir y valorar las pruebas, diligencias y propuesta de líneas de investigación” de la coadyuvancia de las víctimas del caso, con lo que prácticamente se cerraba la posibilidad de seguir actuando en la averiguación previa.
No obstante que la PGJDF ha señalado públicamente que el Caso Narvarte “no está cerrado”, en los hechos, se ha negado a ahondar sobre la posible participación de más personas en el múltiple homicidio, así como profundizar en las líneas de investigación relacionadas con la labor de Nadia Vera y Rubén Espinosa en el estado de Veracruz y sobre cualquier otra información que haga suponer que el crimen fue ordenado por alguna persona o grupo de personas distintas a las hoy procesadas.
“El obtener este Amparo para las víctimas es muy importante, pues el Juez ordena a la PGJDF a realizar reuniones con las víctimas para informarles detalladamente todas y cada una de las actuaciones que hizo la autoridad en este caso, incluyendo los razonamientos que utilizó para consignar a las 3 personas que se encuentran bajo proceso penal” señaló el abogado Héctor Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El abogado también refirió que “esta decisión judicial obliga a la PGJDF a que tenga que precisar si admite o desecha cada una de las pruebas y diligencias propuestas por nuestra parte, debiendo razonar, fundar y motivar individualmente cada una de esas pruebas, que por cierto, están íntimamente relacionadas con los hechos de múltiple asesinato”.
Esta resolución judicial ha representado prácticamente 7 meses de inacción en la investigación del caso, pues aunque los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles que las representan, proponían acciones y pruebas para investigar debidamente este caso, la PGJDF negaba en los hechos esta participación legal.
Ahora la PGJDF tendrá que “explicar y justificar cada una de las pruebas y diligencias que se propusieron desde la coadyuvancia, explicando por qué éstas son o no idóneas, eficaces y pertinentes” señaló la abogada y defensora de derechos humanos Karla Micheel Salas, refiriendo también que “el Poder Judicial nos está dando la razón sobre que el expediente no puede mantenerse abierto sin que se continúe investigando la participación de más personas o hasta clarificar el verdadero móvil de los hechos” como lo pretendió hacer la autoridad capitalina.
“Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, esperamos que la PGJDF no se inconforme con la decisión de este Amparo y que en los próximos días pueda convocarnos para continuar con la investigación del caso analizando, si la Procuraduría apela la decisión judicial estará enviando un mensaje claro a la sociedad de que no quiere llegar a fondo en el Caso Narvarte” refirió la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
En su intervención el abogado Luis Knapp de ARTICLE 19, señaló que “este Amparo también comprende la posibilidad de revisar desde la coadyuvancia, las propias consignaciones que presentó la PGJDF en contra de las 3 personas que se encuentran bajo proceso”, recordando que desde las organizaciones hemos expresado que en esas acusaciones no se logró acreditar ni la mecánica de los hechos del crimen ni la motivación de los imputados.
“En la sentencia de Amparo se ordena revisar las circunstancias que ya fueron materia de esas consignaciones y la relación de las pruebas que ofrecimos con los elementos que utilizó la Procuraduría contra esas personas”, lo que permitiría a las familias y a las organizaciones que las acompañamos el poder evidenciar las deficiencias e inconsistencias con las que actuó la autoridad capitalina en contra de los detenidos, concluyó el abogado Luis Knapp.
Por lo anterior, exigimos a la PGJDF que cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas en el caso Narvarte, particularmente su derecho a la información, de acceso a la justicia y a conocer la verdad de lo sucedido, lo cual no puede lograrse sin una investigación seria, completa, imparcial y exhaustiva conforme a los más altos estándares en la materia.
Entre las pruebas, diligencias y líneas de investigación que deberá admitir, razonar, fundamentar, desahogar o en su caso desechar la Procuraduría Capitalina destacan:
- Ampliación de la mecánica de hechos y lesiones para conocer de manera exacta y precisa la secuencia de hechos.
- Realización de un peritaje en criminología que determine con base en los datos de prueba recabados hasta el momento, sí las características del hecho delictivo corresponden a la actuación de un “homicida ordenado” y determinar los posibles móviles.
- Ampliación de los peritajes en video y fotografía de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública y de negocios y/o casas aledañas al edificio 1909 de la calle Luz Saviñón.
- Ampliación del dictamen de genética forense sobre los objetos hallados en el lugar de los hechos y que contienen muestras de perfil genético distinto a los de los 3 imputados.
- Las ampliaciones de las declaraciones de Lic. Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Gral. Sergio López Esquer, ex- titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
- Determinar pericialmente las características físicas de la persona a la que corresponde la “pisada de sangre” hallada en el departamento, ya que no coincide con ninguno de los 3 detenidos.
- Reproducción íntegra de todos los videos que se incorporaron a la investigación, ya que sólo han mostrados fragmentos de los vídeos y edición de los mismos.
- Diligencias realizadas para cerrar o concluir cada una de las líneas de investigación iniciadas por la PGJDF en el expediente o en su defecto, diligencias que quedan pendientes por realizar.
- Determinación criminalística, criminológica, pericial y técnica del móvil por el cual se cometió el múltiple asesinato.
Atentamente:
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social
Nota para prensa
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