Foto: Perspectiva Informativa

Ciudad de México, a 11 de junio de 2025 – ARTICLE 19 México y Centroamérica, ASOPODEHU, El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Free Press Unlimited (FPU), PEN Honduras y PEN Internacional expresan su profunda preocupación ante los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación en Honduras, en un contexto de creciente hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización por parte de actores estatales.

El 18 de mayo de 2025, el periodista Frank Mejía fue acosado en su domicilio, donde agentes de la Policía Nacional irrumpieron de forma presuntamente ilegal, en Comayagüela, bajo el argumento de buscar a una persona desaparecida. Durante el operativo, Mejía habría sido esposado, golpeado, amenazado de muerte y despojado de sus pertenencias personales. El periodista expresó temor por su seguridad, la de su familia y la de sus colegas.

La agresión contra el periodista Mejía se enmarca en una serie de denuncias por criminalización judicial contra medios y periodistas. Al menos 12 medios, entre ellos El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, HCH, Criterio HN, Noticias 24/7, Q’Hubo TV, Hondudiario y RCV, enfrentan querellas abiertas en el Ministerio Público. Estas acciones habrían sido promovidas por autoridades del Estado, incluyendo altos mandos de las Fuerzas Armadas, como respuesta a publicaciones sobre asuntos de interés público.

El 26 de mayo, el órgano oficial de las Fuerzas Armadas, FF.AA. Digital, publicó un artículo titulado “Sicarios de la verdad”, donde se acusa sin fundamento a tres periodistas —Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra— de ser enemigos del Estado. La publicación incluyó sus fotografías con el fin de estigmatizarlos, intimidarlos y criminalizar su labor informativa.

Este ataque sucede tras la publicación de una nota sobre el tema de desvíos de fondos por parte de las Fuerzas Armadas en el medio Abriendo Brecha dirigido por Wong, así como las muestras de solidaridad de Rodríguez, durante la recepción del premio Álvaro Contreras que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras, debido al comunicado emitido en conjunto por la Secretaría de la Defensa Nacional y las FFAA en contra de Wong.

El 1 de junio, se dio a conocer que el periodista salvadoreño de 50 años, Javier Antonio Hércules Salinas fue asesinado a tiros en Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras, mientras conducía un taxi hacia su casa. De acuerdo con informaciones públicas, dos hombres en motocicleta le dispararon dentro del vehículo. Hércules era parte del Mecanismo de Protección desde 2023, por lo que tenía protección estatal, tras recibir amenazas y haber sido secuestrado en noviembre de ese año. El comunicador trabajaba para el canal ATN a Todo Noticias.

Un día después de que se diera a conocer el caso de Hércules, el reportero Gustavo Bustillos y su camarógrafo de Televicentro fueron víctimas de persecución e intimidación. El lunes 2 de junio, después de una programación en vivo, aproximadamente a las 6 de la mañana, cuando ambos se encontraban en un vehículo, un sujeto desconocido y en motocicleta les hizo notar su presencia en reiteradas ocasiones. Después los persiguió por la avenida San Isidro desde la Plaza Central hasta la municipalidad de La Ceiba, en donde se refugiaron en las instalaciones de la Policía Nacional. El 3 de junio a uno de ellos le fue notificado que dos personas armadas habían estado en la oficina de su medio preguntando por ambos. 

Además, en el departamento de Colón, el periodismo continúa en riesgo. Los conflictos de tierra y territorio atravesados por la persistencia de grupos del crimen organizado en esta zona incrementa la propensión a que periodistas, que cubren el tema, sufran algún tipo de violencia. Este es el caso de periodistas como Héctor Madrid del medio TN5 en Tocoa, quien hace casi una año fue víctima de una agresión a su vehículo, y actualmente, es sujeto de señalamientos estigmatizantes y amenazas contra su integridad física.

Las organizaciones firmantes han presentado un informe al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de la Organización para las Naciones Unidas, para alertar sobre la crisis de libertad de expresión que se enfrenta en Honduras, el análisis incluye las leyes que restringen la libertad de expresión y de prensa en el país; asesinatos y agresiones en contra de periodistas y medios comunitarios e indígenas; amenazas a la libertad de cátedra y la limitación de la participación igualitaria de mujeres periodistas y autoras en medios de comunicación y editoriales en su país, así como la violencia contra periodistas mujeres y comunidades históricamente marginadas.

El informe destaca que Honduras tiene uno de los contextos de derechos humanos más complejos e inestables de América Latina, y requiere la atención inmediata de la comunidad internacional. Las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa se han deteriorado con la polarización política actual, los índices de impunidad continúan al alza y, dada la imposición del estado de excepción ampliado en Honduras, el escenario para las elecciones generales del 30 de noviembre es preocupante.

Las organizaciones llaman al estado de Honduras a:

• Investigar de forma inmediata y exhaustiva la agresión contra Frank Mejía y el asesinato de Javier Hércules, garantizando justicia y reparación integral para sus familias y el gremio periodístico.
• Garantizar medidas de protección eficaces e inmediatas para los periodistas amenazados, en especial Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra.
• Poner fin al uso de mecanismos penales para intimidar o censurar a medios de comunicación y periodistas, cerrando las querellas en curso y garantizando la independencia editorial.
• Detener las campañas de estigmatización y desprestigio promovidas desde instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas.
• Garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo en el contexto preelectoral y más allá, promoviendo un entorno que respete la pluralidad y la crítica pública y la mejora del funcionamiento del Mecanismo de Protección para la atención a casos de violencia contra periodistas.