Ciudad de México 3 de julio de 2024.- El colectivo de organizaciones firmantes, expresa su preocupación por los recientes retrocesos en materia de libertad de expresión y de prensa, y acceso a la información ocurridos en Guatemala. Estas medidas afectan de forma directa los derechos a informar y ser informadas. Específicamente referimos en el marco de este pronunciamiento a la revocación de la libertad condicional otorgada al periodista José Rubén Zamora Marroquín y las reservas de información, que atentan en contra del principio de máxima publicidad establecido en lo s estándares internacionales referentes al derecho de Acceso a la Información.
La reciente notificación de revocación de la libertad condicional, otorgada el 15 de mayo del año en curso, en contra de José Rubén Zamora Marroquín, periodista y fundador del que fuera el medio elPeriódico, fue dada a conocer por parte de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, respecto al supuesto delito de lavado de dinero, el 25 de junio.
La medida tomada es sólo una de varias que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha emitido de manera desproporcionada y sin pruebas claras sobre los delitos que se imputan en su contra, a manera de represión por su trabajo periodístico y voz crítica de más de 30 años, la cual se ha enfocado en visibilizar e informar, principalmente, las redes de corrupción e impunidad internalizadas en el Estado guatemalteco.
Resulta alarmante la normalización de estas prácticas que, como colectivo, hemos registrado a partir del uso ilegítimo del poder político, configurándose un atentado directo al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información; situación que vulnera el ejercicio de otros derechos y el desarrollo de sociedades democráticas y justas. Debido a este contexto represivo y autoritario, originado y propiciado por estructuras antidemocráticas que mantienen cooptado el sistema de justicia, muchas personas periodistas se han visto obligadas a autocensurarse, exiliarse y detener su labor investigativa, generando zonas de silencio en el territorio, que menoscaban la participación informada de la ciudadanía.
Además, en la misma semana de la revocación de la libertad condicional otorgada al periodista José Rubén Zamora Marroquín fue aprobada y publicada la resolución 01-2024, emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, en donde se clasifica como información reservada y a resguardo por siete años, datos relativos al uso de recursos públicos por parte de magistradas y magistrados. La resolución es inquietante debido a que se llevó a cabo en el marco de la publicación, el pasado 5 de junio, de una nota realizada por los periodistas guatemaltecos Marvin del Cid y Sonny Figueroa sobre la compra de cinco camionetas de lujo, con su respectivo blindaje, por parte de las personas magistradas Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto. Además, es importante señalar que los periodistas realizaron una solicitud de información pública al encargado de la unidad de comunicación, Cristian Ricardo Piral, misma que les fue negada.
Bajo este contexto, reconocemos la apertura de posibilidades que trae consigo la nueva administración, encabezada por el presidente, Bernardo Arévalo, de priorizar el respeto y la garantía del derecho que tienen las personas en Guatemala de expresar libremente sus opiniones, así como de buscar, recibir y difundir información. Es por ello que, en esta coyuntura, consideramos fundamental refrendar lo siguiente:
- La importancia de brindarle al periodista José Rubén Zamora un juicio justo y transparente de acuerdo a estándares internacionales; permitiéndole defenderse en condiciones de libertad
- La urgencia de derogar la legislación restrictiva para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, que prevalece en el país y que limita principalmente a los medios independientes.
- La importancia de garantizar la independencia judicial que permita el desarrollo de juicios penales a partir del enfoque de derechos humanos y diferencial, con la finalidad de que se cuente con análisis integrales de los casos y se contemple el nexo de las imputaciones de delitos con la labor periodística.
- La celeridad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, considerando que esta es una obligación internacional.
- La creación de mecanismos de protección integral de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.
