Jueves 29 de mayo de 2025.- Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la implementación de leyes que ponen en riesgo las libertades fundamentales, entre ellas el derecho a la libre asociación y reunión, el derecho a defender derechos humanos, así como la libertad de expresión y acceso a la información, como sucede actualmente en Nicaragua y en El Salvador.

En este mes de mayo, los gobiernos de El Salvador y Nicaragua aprobaron una ley y una reforma, respectivamente, las cuales debilitan el entramado legal de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. La forma expedita de su aprobación y el contexto del cual emergen los recursos ya aprobados, muestra el grado de animadversión hacia voces críticas que han señalado las violaciones de derechos que persisten en ambos países. El impacto incluso alcanza a personas que por necesidad y/u obligación, se encuentran lejos de sus hogares, de sus redes de apoyo y de sus familias, como sucede en Nicaragua.

Nicaragua: Reforma Constitucional para limitar nacionalidad

El 16 de mayo de 2025, durante la sesión especial sobre el 130 Aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio a conocer la iniciativa de reforma a la Constitución Política que modifica los artículos 23 y 25 sobre la nacionalidad con el fin de restringir la nacionalidad nicaragüense a la ciudadanía que opte por una segunda nacionalidad. La reforma se aprobó con carácter urgente; una práctica común con este tipo de recursos legales^[1]. La iniciativa se aprobó a mano alzada de un total de 91 diputados, sin contrapesos ni discusiones.

La situación coloca en aún mayor vulnerabilidad a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y voces críticas exiliadas por el régimen. Muchas de ellas se encuentran “desnacionalizadas de facto” por la confiscación de sus pasaportes, la negativa de renovarlos y la prohibición de entrar nuevamente al país. La demanda de 20 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica de acceder a medidas de protección en los países de acogida, es una urgencia ante este contexto.

Esta nueva reforma constitucional atenta precisamente en contra de la dignidad humana de quienes siguen denunciando sobre lo que sucede en el país, incluso desde afuera. El acceso a derechos civiles y políticos a través de la nacionalidad no es un privilegio, es un derecho del cual el Estado debe ser garante.

El Salvador: Nueva Ley de Agentes Extranjeros

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa en El Salvador, anunció la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros con 58 de 60 votos. Esta iniciativa fue aprobada posterior a una ola de represalias contra voces críticas del gobierno de Nayib Bukele, como es el caso de periodistas del medio El Faro, quienes publicaron sobre presuntos vínculos de pandillas con la administración nacional; la detención de transportistas que se negaron a dar transporte gratuito, incluyendo la muerte en custodia de uno de ellos; represión de la manifestación de la Cooperativa El Bosque a las afueras del domicilio de Bukele, así como la detención de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas la reconocida abogada Ruth López.

Esta nueva ley busca la imposición del 30% de impuestos a las donaciones extranjeras recibidas por organizaciones no gubernamentales (ONGs) y crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Ernesto Castro anunció que “Este es un buen día para el país, por fin llegó el día”. El presidente de la Asamblea continuó estigmatizando a las organizaciones de sociedad civil: “Es tan justa y tan bonita la decisión que estamos tomando que ahora hasta estos maleantes disfrazados de ONG van a tener la oportunidad de apoyar al pueblo”. La alusión a la ley homónima nicaragüense implementada a partir de 2018^[2], no pasa desapercibida ante el cierre del espacio cívico que vive el país denominado por su presidente como “el más seguro de la región”.

Aunque el funcionario aseveró de forma pública que las ONGs “[…] puedan seguir dedicándose a lo que quieran, incluyendo aquellas que quieran seguir dedicándose a cuestiones políticas”, en la práctica, esta legislación vulnera su labor selectivamente. Las autoridades mencionaron excepciones para organizaciones de salud por ejemplo, mientras que organizaciones de derechos humanos tendrán que reportar al gobierno aún más información sobre su actuar. Si bien las buenas prácticas de transparencia deben ser alentadas, preocupa el uso que pueda darse a esta información que se exige a las organizaciones sociales.

En ese sentido, recordamos al gobierno de Nayib Bukele que el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas necesita ser vigilado y fortalecido desde el Estado. Vemos con preocupación la falta de compromiso a los principios de transparencia estatal que ha sido cuestionada de forma reiterada por medios y periodistas independientes que hoy en día funcionan como contrapeso ante un gobierno que amenaza la democracia de su país.

Robustecimiento de marcos normativos restrictivos a los derechos humanos

Ante este fortalecimiento de marcos normativos restrictivos en Centroamérica que afectan, entre otros derechos, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, las organizaciones firmantes pedimos a la comunidad internacional que mantengan el monitoreo y la exigencia de erradicación de estas iniciativas y legislaciones contrarias a los derechos humanos. Es necesario frenar prácticas autoritarias y es indispensable que tomadores de decisiones a nivel regional se pronuncien de manera crítica, constructiva y en exigencia ante el cierre que vive el espacio cívico en la región.

Es de vital importancia que, ante la instrumentalización de recursos nacionales para la persecución de la ciudadanía, se contemplen mecanismos que alienten a los Estados como El Salvador y Nicaragua a adecuar sus legislaciones nacionales acorde a los más altos estándares de derechos humanos enmarcados en los tratados y convenios internacionales.

Organizaciones firmantes:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Asociación de Periodistas de El Salvador – APES

ASOPODEHU

Comité para la Protección de los Periodistas – CPJ

En Alta Voz

Revista Factum

Free Press Unlimited

FOCOS, El Salvador

Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia- FLED

Fundamedios

Reporteros de Investigación

Reporteros Sin Fronteras

Protection International Mesoamérica

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua – PCIN

PEN International

Infodemia, El Salvador

Red Centroamericana de Periodistas

Revista GatoEncerrado

Revista Elementos

Redacción Regional

Voz Pública

MalaYerba

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^[1] A esta reforma en la materia, le antecede la modificación del artículo 20 que se aprobó durante 2023, el mismo día que 222 personas ex presas políticas, incluyendo a periodistas, fueron excarceladas y deportadas a los Estados Unidos, sin opción alguna más que la privación de libertad. En aquella ocasión la reforma consideraba la privación de la nacionalidad en contra de personas identificadas como “traidoras a la patria”. Esta se confirmó durante la segunda legislatura de enero de 2025.

^[2] Al menos 10 de 15 regiones han sido catalogadas como “desiertos informativos” por la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. La información se retoma en el más reciente informe trimestral. Consultar en: ​​https://articulo19.org/analisis-trimestral-sobre-el-estado-de-la-libertad-de-expresion-en-centroamerica-y-el-caribe-enero-marzo-2025/