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Decisión de comité de la ONU da esperanza de llevar con urgencia la situación de las desapariciones en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Foto: Agencia Cuartoscuro

• Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos
• Asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera —que ha durado décadas— de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas

Ciudad de México, a 3 de abril 2026.- La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, de llevar con carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México, no es espontánea, sino que es el producto de distintas acciones emprendidas por dicho órgano desde el año 2012, mismas que han derivado en una serie de recomendaciones. Sin desconocer los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano, el CED ha concluido que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.

Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales; para de esa manera aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México, lo que implica la intervención o tolerancia de autoridades de los distintos niveles de gobierno. Asimismo, para destinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos que resulten indispensables para la búsqueda; para instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que esta situación no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado, sino como una fenómeno de macrocriminalidad que requiere la participación de distintos actores; para asumir que la impunidad es el mejor mensaje de tolerancia para que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y, sobre todo, para entender que las soluciones únicamente pueden ser construidas de forma colaborativa, poniendo en el centro las necesidades y derechos de las víctimas.

Lamentamos la respuesta defensiva del gobierno mexicano ante el gran trabajo realizado por el CED integrado por expertas y expertos independientes elegidos por los Estados integrantes de la ONU. Respaldamos sus decisiones plenamente y esperamos que el Estado mexicano advierta el potencial positivo de esta importante decisión para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera —que ha durado décadas— de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas y desconocer la información que, desde las familias y organizaciones no gubernamentales, se ha generado durante años. Esta decisión no es una condena en contra del gobierno mexicano, sino que representa el punto de partida para emprender soluciones contundentes de cara a una realidad que ya no puede ser desconocida.

Solicitamos al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en distintos colectivos, redes y sectores y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata.