La ausencia de control es en la intervención de comunicaciones privadas constituye una abierta violación a las garantías del debido proceso y el derecho a la privacidad tuteladas por nuestra Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, se contravienen los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, construidos a partir de la necesidad de frenar la arbitrariedad de los Estados en la invasión de las comunicaciones privadas.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, debe ser un instrumento legal que proteja efectiva y plenamente las garantías del debido proceso reconocidas a nivel constitucional y convencional. La idea de legislar un código procesal penal para todo el país debe tener como objetivo ampliar derechos, no restringirlos o de plano anularlos. En este sentido, de ser aprobado el Anteproyecto en sus términos, la ausencia de salvaguardas en la vigilancia e intervención de comunicaciones privadas constituiría un retroceso a lo dispuesto actualmente en los códigos procesales estatales próximos a abrogarse.
En un país como México, donde el sistema de procuración de justicia se caracteriza por la obtención de pruebas al margen de las exigencias constitucionales y legales, resulta particularmente grave y escandaloso que se pretenda otorgar a la autoridad investigadora facultades discrecionales sin ningún tipo de contrapeso institucional. En nuestro contexto, requerimos mayores controles sobre la actuación del Ministerio Público, no menos.
El día de hoy, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, discutirán y aprobarán el Código Nacional de Procedimientos Penales. ARTICLE 19 exige a Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia que incorpore los comentarios de las Organizaciones y expertos y que la discusión tome en cuenta el contexto mundial sobre vigilancia sin controles y los problemas que acarrea para el libre ejercicio de derechos fundamentales.
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