Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2023.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se puso del lado de la Fiscalía General de la República (FGR) al cerrar arbitrariamente la queja presentada el año pasado por diversas organizaciones, por los actos de criminalización, intervención telefónica y uso arbitrario del sistema penal contra la periodista Marcela Turati; la directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo; y la directora regional y perita del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti. 

La conclusión del expediente CNDH/2/2022/12106/Q fue notificada por la Segunda Visitaduría General de la CNDH, en el sentido de que los ministerios públicos responsables de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/197/2011 (caso de Fosas Clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, 2011) “realizaron diversas diligencias que se encuentran ajustadas conforme a derecho”. 

Asimismo, indica el oficio de notificación que: “en caso de considerar que el actuar de las personas servidoras públicas adscritas a la FGR incurran en alguna falta u omisión (…) presente su queja ante el Órgano Interno de Control de esa Fiscalía”.

La queja en cuestión fue presentada en contra de la intervención ilegal de comunicaciones de Turati, Delgadillo y Doretti, realizada en el año 2016, y la realización de actos de investigación en su contra dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, que se abrió por los delitos de secuestro y delincuencia organizada en contra de múltiples integrantes del crimen organizado. 

Con esta resolución, el órgano que debería ser garante de los derechos humanos en México deja en indefensión a las afectadas y coloca un mensaje de tolerancia hacia una de las prácticas más peligrosas, ilegales y violatorias de derechos humanos de nuestro sistema: el espionaje y la criminalización de quienes apoyan la búsqueda de verdad y la justicia. Esto, al legitimar el actuar de la FGR en contra de la periodista, la defensora y la perita, en el marco de la investigación de una de las masacres más emblemáticas e indignantes contra la población migrante, y alentar el riesgo de nuevos actos en su contra. 

También cierra la puerta a la rendición de cuentas y a la oportunidad de dejar precedentes necesarios para la protección de todas las personas defensoras de derechos humanos, expertos independientes y periodistas, contra el abuso de poder.    

La resolución pone en evidencia la falta de independencia de la Comisión frente a la Fiscalía en el caso, y pone en entredicho su autonomía. Ante ello, la FJEDD acordó con la CNDH presentar una solicitud de revisión del cierre de la queja, para su análisis con base en procedimientos de revisión instaurados por la Comisión.   

La investigación de las intervenciones telefónicas: sin avances

Al recibir la copia del Tomo 221 del expediente PGR/SIEDO/UEIS/197/2011 del caso de las Fosas Clandestinas de San Fernando, en mayo de 2021 la FJEDD descubrió que, desde el año 2016, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR llevó una investigación en contra de Ana Lorena Delgadillo Pérez, Mercedes Doretti y Marcela Turati, en un momento en que cada una –desde su función–, seguían o intervenían en el caso, e iban poniendo en evidencia múltiples irregularidades y, sobre todo, la falta de interés y atención debida a las víctimas. Cabe señalar que dicha investigación no ha sido concluida.      

Las pesquisas de la investigación incluyeron solicitudes de datos conservados, geolocalización, sábanas telefónicas y análisis grafoscópico de documentos oficiales en poder de autoridades, como consta en el Tomo 221. Todas estas peticiones fueron atendidas con urgencia y sin mayor cuestionamiento ni requisito, por compañías telefónicas, servicios periciales e inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores. Investigar a una periodista de larga trayectoria, a la defensora de derechos humanos y la perita parecía más urgente que encontrar a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a las 196 víctimas de las fosas de San Fernando.    

Los hechos fueron denunciados en noviembre del 2021 ante la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, y dados a conocer a diversas instancias nacionales e internacionales, las cuales expresaron su preocupación por esos actos, claramente violatorios de los derechos a la privacidad, intimidad, debido proceso, defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y prensa. Entre ellas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)) expresó en su momento “su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro para obtener información personal de las defensoras y la periodista”.

El expediente FED/FEAI-CDMX/0000634/2021, radicado en la Fiscalía de Asuntos Internos, sigue sin judicialización. 

Hostigamiento judicial contra defensores y periodistas, práctica constante

ARTICLE 19 ha documentado, desde el 2016, un aumento en el uso arbitrario e ilegal de la normativa mexicana, tanto civil como penal, para iniciar investigaciones en contra de periodistas. En 2022 documentó un promedio de 2.5 procesos mensuales de hostigamiento judicial contra periodistas y medios de comunicación.
Marcela Turati y Ana Lorena Delgadillo están incorporadas al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, y aún sabiendo de la persecución en su contra, esta instancia ha sido omisa en sus comunicaciones con las beneficiarias y sus respectivos análisis de riesgo, pues no han sucedido desde su incorporación, impidiendo que sus medidas en los planes de protección estén debidamente actualizadas a sus necesidades.

Ante dicha situación, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, académicas, medios de comunicación y periodistas abajo firmantes, denunciamos el desvío del poder y el uso del derecho penal para obstaculizar y acallar a quienes legítimamente informan y acompañan procesos de verdad y justicia para los más vulnerables a la violencia exacerbada y violaciones graves de derechos humanos y para la sociedad en su conjunto. 

Exigimos:

• El cese inmediato de cualquier acto de criminalización e investigación arbitraria y se concluya la investigación llevada por la FGR en contra de Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mercedes Doretti.
• Que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR lleve a cabo la debida investigación de los actos cometidos en su contra hasta la fecha. 

• La garantía de protección de su integridad y derecho de ejercer libremente su labor de comunicación y defensa, así como los de sus colaboradores. 
• Que la Fiscalía Especial en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), lleve a cabo una investigación inmediata, diligente y objetiva en torno a la intervención ilegal de comunicaciones, monitoreo, seguimiento e investigación de actividades contra Marcela Turati.
• Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleve a cabo la revisión de la queja CNDH/2/2022/12106/Q, el análisis efectivo de los hechos denunciados y se pronuncie sobre las violaciones a derechos humanos cometidas.
• Que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas se comunique de manera urgente con Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti, a fin de restablecer comunicación con las beneficiarias de su programa de protección, y actualizar sus análisis de riesgo y planes de protección. 

FIRMAN

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Fundación para La Justicia  (FJEDD)

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH)

Contactos para prensa:

Gabriela Gutiérrez

comunicacion@fundacionjusticia.org

+52 (55) 1068-6799

Juan Vázquez

jvazquez@article19.org 

+52 (55) 4636-8123