Ciudad de México 24 de junio de 2025.- Desde ARTICLE 19 pedimos que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC de Guatemala ) resuelva conforme al principio de independencia judicial e imparcialidad  en torno al caso de criminalización en contra de 6 periodistas y 2 columnistas del extinto medio elPeriódico por supuesta obstrucción de la justicia. Es indispensable que la CC de Guatemala tome en consideración las recomendaciones y las demandas de periodistas, organizaciones, así como mecanismos internacionales para garantizar el resarcimiento de la credibilidad del sistema justicia y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala.

Ayer, 23 de junio de 2025, se conoció que la CC de Guatemala solicitó información al Juzgado Quinto Penal y a la Sala de Apelaciones sobre el proceso de criminalización que se mantiene en contra de la periodista Julia Corado, así como los periodistas Alexander Váldez, Gerson Ortiz, Rony Ríos y Cristian Vélix Aguilar; y los columnistas Edgar Gutierrez y Gonzalo Marroquin. Esperamos que la solicitud de información dé lugar a una decisión que siente un precedente necesario de respaldo a la libertad de expresión y de prensa.

Antecedentes

En febrero de 2023, durante la audiencia de primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, los fiscales -que hoy forman parte de la lista Engel de los Estados Unidos por considerarse actores corruptos y antidemocráticos- Cinthia Monterroso y Rafael Currichiche iniciaron un proceso de investigación penal en contra de periodistas y columnistas del extinto medio por el supuesto delito de obstrucción de la justicia, tal como se menciona en el expediente fiscal MP001-2023-12961. 

Hasta ahora, la principal evidencia son las notas periodísticas de las personas ex integrantes de elPeriódico. El 21 de junio de 2023 conoció que el grupo de investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de la Dirección de Investigaciones de Criminalística del Ministerio Público (MP) solicitó el nombramiento de “investigadores para documentar por medio de fotografía, en la Hemeroteca Nacional […] las publicaciones [ de junio de 2022 a febrero de 2023] del medio de comunicación ELPERIODICO”.

Pese a que la FECI ha pretendido usar la Ley contra la Delincuencia Organizada para juzgar a los periodistas en reiteradas veces, sus solicitudes han sido rechazadas en el total de las ocasiones. En este sentido, en enero de 2024, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que el área penal era incompetente para resolver el tema acorde al artículo 35 de la Constitución, que establece que “[…]. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados.”

La decisión del Juzgado Quinto la respaldó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones el 29 de febrero de 2024. Por lo tanto, la FECI presentó un amparo en contra de  la Sala Tercera de Apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala. En marzo de este año, la CSJ de Guatemala, a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, resolvió no decretar el amparo provisional dictado por la FECI el 15 de abril de 2024. Ahora la decisión queda en las manos de la Corte de Constitucionalidad.

Por lo anterior desde ARTICLE 19 solicitamos que:

Acorde a su mandato de defensa del orden constitucional, la CC de Guatemala contemple en su decisión los posicionamientos, las recomendaciones y Amicus Curiae alineados al derecho internacional en torno al caso. Entre las recomendaciones convendrá atender aquellas emanadas de la última visita de la Relatora Especial sobre Independencia de Magistrado y Abogados de Naciones Unidas en lo referente a desalentar la política de persecución penal  del Ministerio Público ante “el cuadro consistente y alarmante de criminalización”, contra diferentes grupos tales como  periodistas

Insistimos que en la impartición de justicia en Guatemala prime el debido proceso y se deje de lado la politización del sistema penal, para así garantizar el respeto a los estándares internacionales en la materia tales como, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Enfatizamos que la persecución en contra de personas periodistas es lesiva de manera multidimensional pues no solo restringe la libertad de expresión, también priva a la sociedad de acceso a fuentes diversas y genera un ambiente de intimidación para la libertad de expresión. Finalmente, ante la narrativa de actores corruptos y antidemocráticos del Ministerio Público subrayamos que “Aunque el respeto de los límites institucionales es vital en una democracia constitucional, nunca debe convertirse en una excusa para la inacción cuando están en juego derechos humanos fundamentales”.