Ciudad de México, a 4 de mayo de 2022.- El Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS), Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) condenan el abuso de la fuerza y violencia física por parte de la policía municipal de Irapuato en el estado de Guanajuato hacia mujeres periodistas y manifestantes, quienes protestaban en las instalaciones del Palacio Municipal de dicha localidad el pasado 1 de mayo, para exigir la erradicación y justicia por los casos de feminicidio y de personas desaparecidas. 

Las movilizaciones fueron lideradas por grupos de mujeres y colectivas feministas y partieron del Parque Irekua y rumbo a la Plaza Principal alrededor de las 17 horas,  momento en el que el bloque negro se manifestó mediante iconoclasia. Organizaciones locales, nacionales e internacionales documentaron que las detenciones arbitrarias y el uso indebido y excesivo de la fuerza comenzaron entre las 17 y 19 horas  en el primer cuadro de la ciudad. 

Abuso policial, estigmatización y represión al derecho de protesta

Con base en la documentación, el FLEPS registró 33 detenciones arbitrarias. De acuerdo con testimonios y vídeos, se observa que 28 mujeres entre ellas cinco niñas, quienes no estaban cometiendo ningún delito y/o falta administrativa fueron detenidas arbitrariamente y agredidas verbal y físicamente. Mismos que podrían constituir actos de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o inclusive tortura.

Una fuente que contactó ARTICLE 19, cuyo nombre se reserva por seguridad, señaló que al momento de ser detenidas las policías hicieron uso de violencia física mientras las trasladaban a la puerta trasera del Palacio Municipal y las amenazaban con crearles delitos federales y de violencia sexual, diciéndoles: las vamos a acusar de terrorismo y las vamos a violar para que se callen. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social de Irapuato, donde estuvieron retenidas por más de 2 horas hasta su  liberación el lunes 2 de mayo en la noche. 

Preocupa que ante la violencia y represión ejercida por la polícia, un día después (2 de mayo),  Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, criminalizó la protesta en una conferencia de prensa en la que defendió el actuar de las policías y afirmó: Nada, ni nadie fuera de la ley, los actos de expresión social y su libertad para realizarlos no pueden, bajo ninguna circunstancia, desvirtuarse…La violencia no es un privilegio de nadie y es justo la violencia lo que vamos a erradicar. Quien viole la ley deberá asumir la responsabilidad de sus actos. 

Adicionalmente, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que el Gobierno Municipal presentó una denuncia por daños y lesiones ante el Ministerio Público, derivada de las afectaciones que reportaron 11 policías y por los daños registrados al Palacio Municipal. La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación 47466/2022, por daños a la propiedad del municipio y lesiones a seis policías municipales y agentes de tránsito, por lo que el riesgo de enfrentar acciones penales por parte de las mujeres detenidas, se mantiene.

Violencia contra la prensa

Una periodista (cuyo nombre se reserva por seguridad) quien cubría la manifestación fue víctima de ataques físicos por parte de una policía municipal mientras realizaba una transmisión en vivo. La reportera narró que la policía la agarró del cuello bruscamente, al identificarse como periodista, la apretó con mayor fuerza hasta que la soltó. La agresión le ocasionó molestias en el cuello por lo que requirió atención médica. 

La labor periodista en una protesta es esencial para asegurar el acceso a la información sobre las movilizaciones y sobre las razones que llevan a la apropiación del espacio cívico por lo que la represión y violencia cometida en contra de la periodista es inaceptable y contraviene totalmente la obligación primordial que tienen las fuerzas de seguridad que tiene que ver con la protección de las personas que se manifiestan y quienes cubren las protestas. Sobre el papel que tienen las fuerzas de seguridad civiles en la violencia contra la prensa,  ARTICLE 19 en su informe anual Negación registró que en 2021, la policía atacó en 110 ocasiones a la prensa. Lo que abona al uso ilegítimo del poder público y la continuidad de impunidad.

Comunicación e información de la Mujer A.C. por su parte, documentó 37 atentados contra mujeres periodistas durante las coberturas de protesta social durante el año 2021, 62%  fueron realizados por personas servidoras  públicas, quienes hicieron uso excesivo de violencia física, amenazas y realizaron pronunciamientos públicos que criminalizaron la labor informativa y el derecho a protestar de mujeres y niñas. 

Estándares Internacionales 

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades de Irapuato que el ejercicio de la protesta social es un derecho humano. Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que: el uso de la fuerza debe ajustarse a estrictos principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad, mismos que no fueron observados en el actuar de la policía municipal de Irapuato, generando con ello violaciones a los derechos humanos de las manifestantes y periodistas. 

Se recuerda que la participación en protestas como la cobertura de las mismas, son actividades protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Tal como ha referido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda restricción a derechos debe estar debidamente justificada a partir de la legalidad, la necesidad y el contexto, tomando en cuenta todas las afectaciones que se pueden generar en los derechos de las personas.

El Relator de la CIDH para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca reconoció la insuficiencia de los programas de capacitación policial en un contexto donde no hay trazabilidad de la actuación policial y en el que se fomenta la estigmatización de la protesta social.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que en el Estado de Guanajuato, se documentan violaciones a los derechos de a la libertad, seguridad personal, libertad de reunión pacífica y de asociación. En octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por las detenciones arbitrarias de defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas durante una manifestación que también fue reprimida. 

Según cifras de La Fiscalía General del Estado, en Guanajuato se han cometido 34 feminicidios, y se han reportado 3 mil 380 personas desaparecidas en el año 2021, colocando a dicha entidad en el segundo lugar a nivel nacional de desapariciones, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Ante este contexto y ante la impunidad y la ausencia de acciones que den frente a estas graves violaciones de Derechos Humanos, la protesta configura muchas veces la única forma de exigir justicia.  Las organizaciones y colectivos firmantes se unen a las exigencias 

En vista de lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos: 

• A Lorena Alfaro García, presidenta Municipal de Irapuato, abstenerse de realizar cualquier acto que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión y protesta social. Así como evitar comentarios sobre las manifestantes que deslegitimen las razones que llevaron a la protesta, así como evitar criminalizar las formas de expresión en el espacio cívico. También le exhortamos a abstenerse de continuar con procesos legales en contra de las manifestantes. 
• A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, iniciar una investigación para establecer responsabilidades a elementos de la policía quienes utilizaron la violencia en contra de las manifestantes y periodistas para reprimir la protesta.  
• A la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, iniciar las quejas correspondientes por las violaciones y daños causados a las manifestantes, así como a personas periodistas que fueron agredidas. 
• A la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, a iniciar  y llevar a cabo de manera eficaz, oportuna y diligente los actos de violencia que podrían constituir tratos crueles inhumanos y degradantes o tortura cometidos en contra de las manifestantes garantizando en todo momento la protección de las víctimas. De tal modo que dichas investigaciones lleven a la identificación y sanción de las autoridades responsables. así como a que las víctimas sean reparadas.
• A la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que garanticen a las víctimas el acceso a medidas de ayuda, asistencia y atención.
• Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas para actuar conforme a sus atribuciones y aplique las medidas adecuadas para proteger a las personas periodistas que fueron agredidas en la protesta.  

FIRMAN

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS)
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato