Fotografía: Cortesía

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2026.– ARTICLE 19, México y Centroamérica expresa su preocupación y condena el ambiente hostil y el uso indebido del poder público en contra de las periodistas Silvia Lozano, reportera del medio La Unión de Morelos y Guadalupe Flores, reportera del medio Regional del Sur, por parte de la regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, y su hermana, la senadora, Juanita Guerra Mena, en el estado de Morelos.

Los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero, durante una cobertura informativa, a las afueras del Palacio de Gobierno del estado, en el centro de Cuernavaca. Las periodistas fueron víctimas de discurso estigmatizante y bloqueo informativo mientras documentaban un operativo de seguridad implementado por elementos de la Guardia Nacional, para resguardar a ambas funcionarias.

De acuerdo con el testimonio de las periodistas, la regidora Anita Sánchez Guerra, perteneciente al partido Verde Ecologista de México (PVEM), se dirigió a ellas de manera abrupta, detuvo el tránsito vehicular con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, elevó el tono de voz, las increpó y exigió sus datos personales, mientras les dijo: “Quiero denunciar que reporteros del gobierno del estado me han grabado; siempre me han grabado”. La regidora grabó con su teléfono celular a las periodistas, mientras se desarrollaba un dispositivo de seguridad, lo que, en voz de las periodistas, intensificó la intimidación.

Un patrón de hostigamiento reiterado

De acuerdo con la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos, al menos se han suscitado cuatro incidentes previos, algunos, en los que se observa un patrón reiterado de estigmatización, confrontación en un ambiente de intimidación hacia periodistas durante coberturas informativas, particularmente en el municipio de Cuautla.

Un ejemplo de ello aconteció el 26 de enero, cuando el columnista Jesús Castillo publicó la columna de opinión “La mala estrategia de Anita Sánchez Guerra” en el medio La Unión de Morelos. Un día después, el martes 27 de enero, tres unidades de la Guardia Nacional acudieron a las instalaciones del periódico. 

De acuerdo con el testimonio del periodista, la senadora Juanita Guerra Mena descendió de uno de los vehículos para manifestar su molestia por “la nota” publicada, le advirtió que iniciaría acciones legales y dejó su tarjeta de presentación, todo ello, explicó el periodista, acompañado de un despliegue de seguridad “desproporcionado” de la Guardia Nacional, que incluyó la alteración del tránsito vehicular.

ARTICLE 19, ya ha señalado en su informe “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, que el uso desmedido y arbitrario de acciones legales, la amenaza de entablar acciones legales contra la prensa genera por sí mismo un efecto amedrentador y de autocensura. Esta violencia tiene un impacto directo para la construcción de sociedades democráticas, de acuerdo con la RELE de la CIDH, “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es  indispensable para la formación de la opinión pública”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las personas funcionarias públicas están sujetas a un mayor umbral de escrutinio, y que el uso del poder estatal para intimidar o inhibir la labor periodística resulta incompatible con una sociedad democrática.¹

Desde ARTICLE 19, se reitera que el ejercicio periodístico no debe ser criminalizado, ni estigmatizado. Garantizar y proteger la libertad de expresión es una obligación del Estado. Por lo anterior, exigimos:

1. A la regidora Anita Sánchez Guerra y a la senadora Juanita Guerra Mena: abstenerse de promover o impulsar acciones legales contra periodistas derivadas de la labor informativa; cesar cualquier forma de estigmatización, desprestigio o intimidación contra la prensa, y respetar y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
2. Al Partido Verde Ecologista de México: exhortar públicamente a sus funcionarias a conducirse con apego a la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, reconociendo públicamente la importancia del ejercicio periodístico para la construcción de la democracia.
   
3. Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: determinar y otorgar medidas de protección adecuadas, eficaces y oportunas para las periodistas Silvia Lozano y Guadalupe Flores, así como para el periodista Jesús Castillo, que garanticen condiciones de seguridad para su ejercicio informativo.
   
4. A la Guardia Nacional: garantizar que sus elementos de seguridad no sean utilizados como instrumentos de intimidación contra la prensa.
   

¹ Corte IDH, Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de mayo de 2022. Serie C No. 451.