Ciudad de México, a 25 de agosto de 2016.- El 21 de agosto, sujetos desconocidos allanaron y robaron las oficinas de la periodista y abogada María Teresa Guerra Ochoa, en Culiacán, Sinaloa.
En lugar de robar objetos de valor, sustrajeron documentos que forman parte del expediente del caso contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, actual diputado local en el estado y presidente del Partido Sinaloense, quien en febrero la demandó por daño moral.
Guerra Ochoa señaló a Cuén Ojeda por malversación de fondos y abuso de poder cuando él era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (2005-2009). La periodista denunció los hechos en su columna en el diario El Debate y en la estación de radio Línea Directa.
Desde entonces iniciaron los actos de hostigamiento y la persecución judicial. El procedimiento de la demanda por daño moral en contra de la periodista fue irregular y cuestionable. Sin otorgar garantía de audiencia, se le ordenó no publicar información sobre Cuén Ojeda, lo que constituye un acto de censura.
Además, en calidad de funcionario, emprendió el año pasado una campaña de desprestigio en diversos medios locales y nacionales contra la periodista.
“Yo siento que como no ha logrado el objetivo de que deje de hablar de él, está escalando el nivel de agresiones para mandarme un mensaje”, dijo la también defensora a ARTICLE 19.
Por las agresiones constantes ARTICLE 19 solicitó la incorporación de Guerra Ochoa al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
ARTICLE 19 exige a la Procuraduría General de Justicial del Estado de Sinaloa investigue diligentemente los ataques contra María Teresa Guerra Ochoa, tomando en cuenta como principal línea de investigación la actividad periodística.
También hace un llamado a las autoridades locales y federales competentes, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar la vida, libertad e integridad de la periodista, tomando en cuenta que los procedimientos penales y civiles activados por la periodista por los delitos de allanamiento y robo, así como la contrademanda por daño moral siguen su curso. Por último, exigimos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa garantizar la equidad procesal en el desarrollo del juicio civil entablado por ambas partes.
Nota para prensa
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