Escoltas del Procurador de Nuevo León acusan de “Halconeo” a periodista
Ciudad de México, 10 de octubre 2014.- ARTICLE 19 tuvo conocimiento de la detención arbitraria del periodista Julio César Dávila, ocurrida en Monterrey, Nuevo León.
La detención del periodista del diario “Mi Nación”, que se edita en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, ocurrió el lunes 6 de octubre, cuando fotografiaba la camioneta estacionada en doble fila de los escoltas del Procurador de Justicia en Nuevo León, Adrian Emilio de la Garza.
Los escoltas del funcionario detuvieron al periodista y lo acusaron de “Halconeo”, que en el estado de Nuevo León se castiga con hasta 15 años de cárcel. Dávila fue llevado a un centro de detención y puesto bajo la figura de arraigo, actualizando la prisión preventiva del periodista en clara oposición a los derechos humanos. Fue hasta el jueves 9 de octubre, por la noche, que el periodista fue liberado.
“Se encuentra bien físicamente, pero el proceso penal en su contra continúa abierto”, dijo Erika Armida Torres, esposa de Julio César Dávila, entrevistada por ARTICLE 19.
Para ARTICLE 19 la innecesaria detención de Julio César Dávila por parte de policías ministeriales, que fungen como escoltas del Procurador, es una clara violación a su ejercicio profesional y una agresión a la libertad de expresión.
Consideramos, además, que resulta desproporcional la acusación, pues en todo momento Dávila se identificó como representante de la prensa. Más grave aún, que las penas que se imponen en Nuevo León al delito de halconeo superen las previstas en el mismo Código Penal para otros delitos más graves como lesiones que ponen en peligro la vida, como la tortura o la privación ilegal de la libertad. Es así que la medida se evidencia como desproporcional oponiéndose a las exigencias del llamado test tripartita.
Por lo anterior consideramos grave que se pretenda criminalizar la libertad de expresión de Julio César Dávila, mediante tipos penales vagos y ambiguos que favorecen la discrecionalidad y el abuso del derecho penal. Consideramos que con este tipo de penas las autoridades en Nuevo León pretenden crear una reserva absoluta de información sobre las labores de los cuerpos de seguridad.
ARTICLE 19 llama a las autoridades de Nuevo León para que se abstengan de usar cualquier norma que sirva para criminalizar la función periodística y solicita al Congreso del Estado el derogar o adecuar este tipo de delitos conforme las obligaciones internacionalmente adquiridas por México en materia de derechos humanos.
Nota para prensa
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