Foto: Cortesía del periodista

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2026.- A seis meses del atentado contra la vida e integridad de Erik Eduardo Saracho Aguilar (Erik Saracho), ARTICLE 19 México y Centroamérica exige justicia, verdad, reparación y protección efectiva para dicho comunicador ambiental y defensor de la tierra y el territorio, quien continúa desplazado forzadamente como consecuencia de la violencia ejercida en su contra. Tras medio año de investigaciones, la Fiscalía del Estado de Nayarit ha sido incapaz de llevar a todos los responsables ante la justicia. Los autores intelectuales gozan aún de impunidad.

Erik Saracho ha construido una trayectoria de comunicación ambiental tanto en lo individual como en lo colectivo; es cofundador de la organización Alianza Jaguar A.C., en San Pancho, Nayarit. Erik ha levantado la voz reiteradamente para documentar y denunciar diversos ataques contra la naturaleza, la pérdida de felinos protegidos y de selva tropical, la fragmentación del corredor biológico del jaguar y la ocupación irregular de la franja marítimo-terrestre por parte de megaproyectos inmobiliarios y turísticos. 

El ejercicio legítimo de la libertad de expresión derivó en un cúmulo progresivo y sistemático de agresiones dirigido a desgastar, acosar judicialmente y, finalmente, silenciar a Erik Saracho mediante un intento de homicidio:

• Entre 2016 y 2018, las denuncias de Saracho contra un proyecto residencial y la privatización de bienes nacionales en playas en San Francisco, Nayarit, detonaron una serie de hostigamientos, que incluyó el congelamiento de cuentas bancarias personales, citatorios judiciales infundados por supuestos daños morales y económicos, así como la imposición de una medida cautelar consistente en lo siguiente:

Se abstengan y suspendan de realizar denostaciones publicas o señalamientos de actos de corrupción sin fundamento tendientes al hecho de que el desarrollo Punta Paraíso así como lo relacionado a la persona moral, […], no cumplen con los requisitos de ley y/o que todo aquello que tiene relación con ellos, se origino dicho desarrollo por actos de corrupción y ii) la publicación en cualquier medio de comunicación masivo o no masivo, local nacional o internacional, físico o electrónico, inherente inmobiliario Punta Paraíso, así como lo relativo a la sociedad […], no cumplen con los requisitos de ley y/o se originó en actos de corrupción. (SIC)

Dicha medida cautelar se encuentra vigente desde el año 2019. Esta medida es de particular gravedad dado que incumple con el test tripartito en materia de restricciones a la libertad de expresión enmarcado en el sistema interamericano de derechos humanos. La medida censura a priori al generar una restricción de publicaciones exigiendo un umbral de veracidad desproporcionada. Ningún sistema de control estatal puede justificarse en la supuesta garantía de veracidad de la información, pues ello vulnera el derecho de la sociedad a acceder a distintas interpretaciones y visiones.

• Posteriormente, la agresión migró al ámbito digital y mediático, mediante una campaña de hostigamiento para presentar a Saracho como enemigo del “progreso” y “manipulador social”  e intentar despojarlo de legitimidad comunitaria.
  
• El 11 de marzo de 2026, tan solo dos días después de que su asistente recibió una amenaza de muerte, la violencia alcanzó su máxima expresión: la mañana de ese día, minutos después de dejar a su hija en el transporte escolar, Erik Saracho fue víctima de un ataque armado en la puerta de su domicilio. A pesar de recibir uno de los dos impactos de bala, logró resguardarse, controlar la hemorragia y recibir atención médica para sobrevivir al atentado. 

ARTICLE 19 MX-CA ve con preocupación que un ataque armado, perpetrado en la puerta del hogar de un comunicador ambiental, trae consigo un mensaje aleccionador e intimidatorio contra la sociedad civil y el gremio periodístico en su conjunto, orientado a mostrar públicamente los costos que tiene alzar la voz contra los intereses económicos y a propiciar un clima de terror entre defensores y periodistas que difunden información de interés público. 

A seis meses del atentado, Erik Saracho y su familia continúan desplazados de forma forzada fuera de Nayarit, lejos de su comunidad y de su proyecto de vida. Este desplazamiento confirma cómo la impunidad y la violencia letal siguen operando como un mecanismo para generar zonas y estructuras de silencio en las regiones del país que, como Nayarit, están atravesadas por dinámicas de macrocriminalidad, economía criminal y patrones sistemáticos de violencia.

El caso de Erik Saracho será un indicador clave de la capacidad del Estado para proteger a quienes defienden el territorio y la libertad de expresión. Que el homicidio calificado haya quedado en grado de tentativa al no  consumarse no minimiza su gravedad ni reduce el nivel de riesgo, tampoco reduce la urgencia de visibilizar los intereses detrás del ataque para evitar futuras agresiones en la región. La respuesta efectiva en este caso evidenciará si México tiene voluntad real de honrar sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de Escazú.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

1. A la Fiscalía General del Estado de Nayarit: garantizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y transparente sobre el atentado armado del 11 de marzo de 2026, agotando de manera prioritaria las líneas de investigación relacionadas con la labor de comunicación ambiental y defensa territorial de Erik Saracho, así como con los intereses inmobiliarios y económicos que se vieron confrontados por sus denuncias. A seis meses de los hechos, la ausencia de resultados contundentes es inaceptable e incompatible con las obligaciones del Estado mexicano.
   
2. Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: garantizar que las medidas de protección otorgadas a Erik Saracho y su familia sean integrales, adecuadas y sostenidas en el tiempo, y que consideren las condiciones necesarias para posibilitar, en cuanto así lo deseen los beneficiarios, un retorno seguro a su comunidad, garantizando la posibilidad de ejercer su labor periodística y de defensa ambiental sin temor a represalias.
   
3. A las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo ambiental y la defensa del territorio en Nayarit, reconociendo el patrón documentado de agresiones contra quienes fiscalizan proyectos inmobiliarios y turísticos en la zona, y adoptando medidas de no repetición que permitan erradicar las zonas de silencio generadas por la violencia y el desplazamiento forzado.

4. Al Consejo de la Judicatura, así como a la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de Jalisco: iniciar una pronta investigación sobre la desviación de poder que podría haberse configurado en el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al haber impuesto una medida cautelar contra los defensores del territorio carente de proporcionalidad, en abierta violación al derecho humano a la libertad de expresión, en el marco de un proceso marcado por el uso abusivo y arbitrario de las instituciones judiciales para intentar acallar voces incómodas para los poderes fácticos.