Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- ARTICLE 19 México y Centroamérica reitera al Estado salvadoreño la importancia de proteger la libertad de expresión y derechos humanos. Esta semana, dos informes reiteraron lo expresado por organizaciones tanto de El Salvador como internacionales: existe un patrón de violaciones a derechos humanos en el país, y es necesario implementar una serie de políticas públicas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

GIPES: Crímenes de lesa humanidad

El pasado martes 10 de marzo, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó su informe en el marco del 195° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe, “El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, los especialistas reportan casos de desaparición forzada, asesinatos, tortura, encarcelamientos masivos, violencia sexual y persecución de activistas, bases razonables para creer que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. En su informe, también se documenta el uso de mecanismos físicos y digitales para controlar y reducir el espacio cívico, así como el despliegue de campañas de desprestigio y persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes ante la persecución, amenazas y hostigamientos, se han visto obligadas a salir del país.

Este informe corrobora información ya publicada por las propias organizaciones de sociedad civil salvadoreñas. Tan sólo en un año, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró el exilio de 43 periodistas, consecuencia de las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades de El Salvador. La propia organización anunció el cierre de sus operaciones y su exilio forzado en octubre del año pasado.

Preocupa a esta organización que, posterior a su presentación en la audiencia de la CIDH, representantes del Estado salvadoreño negaran las violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La mayoría, ejecutadas durante el régimen de excepción de Nayib Bukele. Durante la audiencia en Guatemala, los representantes del Estado Salvadoreño, René Escobar Álvarez, procurador general de la república, y Adriana Mira, viceministra de relaciones exteriores, negaron los hechos ante la instancia, y posterior al evento rechazaron tomar alguna entrevista con medios de comunicación salvadoreños.

Lo anterior debilita y quebranta derechos fundamentales como la libertad de expresión de quienes ejercen la labor periodística, pero también el derecho al acceso a la información de la sociedad, el cual se vuelve vital en situaciones tan cruciales como un estado de excepción al ser la vía para garantizar transparencia y rendición de cuentas para prevenir o visibilizar abusos por parte de las autoridades.

Índice de Chapultepec: El Salvador #21 en Latinoamérica

Esta misma semana también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó su actualización anual del Índice Chapultepec. En su versión 2025 cual expone el deterioro y la falta de garantía del derecho a la libertad de expresión en general en la región latinoamericana. Por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo de tres dimensiones, identifica no sólo la libertad de la prensa, sino el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información de las sociedades latinoamericanas^[1]. El Salvador se colocó en el número 21 de 23 países, solo arriba de Nicaragua y Venezuela, resaltando la crisis en materia de libertad de expresión que se vive en este país.

ARTICLE 19 mantiene un monitoreo constante de la situación en El Salvador. La organización ha publicado sobre la urgencia de un sistema de protección para personas periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos. Esto basado en la documentación de casos de acoso judicial y criminalización contra la prensa, la existencia de listas de vigilancia y amenazas de captura dirigidas contra periodistas y defensores de derechos humanos. La situación se ve agravada por la reciente aprobación de marcos normativos como la Ley de Agentes Extranjeros, que buscan limitar financieramente las capacidades de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.

El día de hoy, el Presidente Bukele una vez más estigmatizó a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación acusándolos de ser “tarifados”, en su cuenta de la red social X. La catalogación de las críticas como un discurso “pagado” refleja un desdén al rol que tienen los medios de comunicación y periodistas para cuestionar a las estructuras del poder en cualquier país. El periodismo, los cuestionamientos, las investigaciones de violaciones a derechos humanos y las opiniones divergentes a las autoridades no constituyen ataques, sino parte de la vida democrática.,

Ante esto, ARTICLE 19 reprueba la negativa del Estado Salvadoreño a admitir la información presentada por el grupo de personas expertas y el incumplimiento de su deber como miembro integrante de la Organización de Estados Americanos, de responsabilidad internacional y buena fe para proporcionar información veraz y sustantiva para contribuir al avance de soluciones y erradicación de dichas prácticas. Ante la falta de reconocimiento del fenómeno, tampoco existe la posibilidad de investigaciones y sanciones que aseguren la reparación del daño y acceso a la justicia de las víctimas. Asimismo, condena la estigmatización y ausencia de entrevistas y acceso a medios de comunicación críticos posterior a la presentación de estos informes, negando a la ciudadanía salvadoreña el acceso a información diversa y plural que pueda contrarrestar distintas opiniones.

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^[1] El informe detalla 3 dimensiones: A) Ciudadanía informada y libre de expresarse, B) Actuación del Estado contra la Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios, y C) Control de Medios y Periodismo.