Es urgente que el Estado salvadoreño cese la persecución en contra de la ciudadanía de su país
Ciudad de México 4 de junio de 2025.- ARTICLE 19 hace un llamado urgente a la dirigencia política de El Salvador presidida por Nayib Bukele para detener los señalamientos estigmatizantes y la persecución en contra de la prensa independiente y otras voces disidentes, en un contexto ya de por sí hostil en el que la vigilancia, persecución, señalamientos e intimidación son factores que inhiben el ejercicio libre y diverso de la libertad de expresión en el país, así como la defensa de derechos fundamentales.
A un año del inicio del segundo mandato -inconstitucional- de Nayib Bukele en El Salvador, el 1 de junio durante su discurso se refirió de manera peyorativa a medios al señalarlos de “panfletos nacionales e internacionales” que lo han denominado “dictador”, además de afirmar que existe un “ataque coordinado” de parte de medios contra su gobierno.
Además, el día de hoy durante la audiencia de la defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López, se atestiguó la falta de debido proceso, al incurrir en contra de estándares internacionales y nacionales, lo que se evidencia en el uso discrecional de la figura de “reserva” en el caso de persecución política en su contra, así como la persistencia de la falta de procesamiento en libertad. En las condiciones actuales es indispensable que se garantice el principio de máxima publicidad en procesos judiciales, así como la libertad de la jefa de la Unidad Jurídica de la organización Cristosal.
Hacemos hincapié en que un gobierno que justifica la negación de la democracia y los derechos humanos, como pilares fundamentales de su proceder político con discursos como sucedió el del día 1 de junio, corre el riesgo de derivar, como de hecho ya sucede, en un gobierno autoritario. Esta tendencia se evidencia en las recientes agresiones a personas vinculadas a la defensa de derechos humanos así como medios comunicación, las cuales en el ámbito público tienen impactos más allá de lo que se intenta demostrar desde la narrativa oficial.
ARTICLE 19, organizaciones aliadas internacionales así como medios independientes de gran prestigio a nivel nacional, no negamos que durante años el problema de la seguridad en el país ha trastocado la vida de la ciudadanía en general, como un tema estructural. No obstante, el enfoque punitivista que no atiende la problemática de fondo y que persigue y no permite el cuestionamiento del régimen de excepción y sus efectos, es el foco de las denuncias nacionales e internacionales, ante actos violatorios de derechos humanos como el de López.
“Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos y Estado de derecho son ideales” en tanto no haya voluntad del gobierno para cumplir su mandato de caminar hacia su consecución -como un proceso y no como un fin en sí mismo- siempre en beneficio de la ciudadanía en general, entre la cual se incluyen organizaciones de derechos humanos, medios y periodistas independientes a nivel nacional.
Urgimos a la comunidad internacional que tome una postura de exigencia de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno de El Salvador, ante las evidentes y notorias violaciones de derechos humanos en el país. El Estado de El Salvador debe respetar los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos acorde al artículo 144 de la Constitución de la República.
