Viernes 2 de septiembre de 2022.- ARTICLE 19 expresa su preocupación y alerta ante la intensificación del escenario represivo que se ha suscitado en los últimos meses contra personas periodistas, a través de condicionamientos para que renuncien públicamente a su labor a cambio de no ser encarceladas.
Hasta el momento conocemos las renuncias de Cynthia de la Cantera del medio digital Yucabyte, de Jose Leandro Garbey, Mellin Puertos Borrero, Mauro Roberto Díaz, Aleiny Sánchez Martínez, Claudia Bravet Ramírez del medio digital El Toque; el caso de Nelson Julio Álvarez Mairata de Cubanet y la situación particular de acoso al colaborador de Periodismo de Barrio, Ismario Rodríguez Pérez.
En el caso de De la Cantera, la periodista hizo público el 24 de julio de 2022 que después de un acoso sostenido durante dos años a ella y a su pareja, un agente del Departamento de Seguridad del Estado de nombre “Manuel” le pidió garantías de que renunciaría al periodismo.
Por parte de los casos de las y los periodistas de El Toque, las renuncias vinieron precedidas por la negativa de las autoridades a permitirles la salida del país a 6 integrantes del staff el 25 de agosto de 2022, quienes asistirían a una conferencia internacional sobre periodismo digital en Argentina.
Sobre sus renuncias realizadas entre el 28 y el 31 de agosto de 2022, las personas periodistas de El Toque expresaron que se encontraban bajo la presión de la autoridad y que su decisión priorizaba el bienestar de sus familias y su deseo de mantenerse en libertad.
En un comunicado oficial de este medio se conoció que, hasta el 31 de agosto, renunciaron nueve miembros de su equipo de trabajo, por presiones directas e indirectas del Departamento de Seguridad del Estado.
En el caso de Nelson Julio Álvarez Mairata se presentaron afectaciones de salud a causa del acoso constante de las autoridades, hecho que lo llevó a anunciar el 8 de agosto de 2022 su decisión de dejar la labor periodística.
Sobre la situación de Ismario Rodríguez Pérez, colaborador de Periodismo de Barrio, el 30 de agosto de 2022 hizo pública la amenaza recibida para que deje el oficio bajo la pena de ser apresado “como Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo”.
Renunciar públicamente al periodismo no es la única exigencia por parte de los agentes del Departamento de Seguridad del Estado. En ARTICLE 19 hemos tenido conocimiento que se pide a las y los periodistas que filmen un video donde se arrepienten de ejercer su profesión en una locación determinada por ellos y firmen una carta compromiso de no vinculación a “organizaciones contrarrevolucionarias”.
Sumado a esto, las autoridades han advertido a la mayoría de las personas que se mencionan en este comunicado que de no acceder a sus exigencias, serán juzgados bajo los términos del nuevo Código Penal que entrará en vigor en 90 días (1 de diciembre) y el cual contempla sanciones a quien «apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros» que puedan ser utilizados para «sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional».
Las personas que han anunciado el fin forzado de sus actividades informativas han sido víctimas de una persecución sostenida a través de años incluso, donde se les ha sometido a horas y horas de interrogatorios, arrestos domiciliarios, allanamientos de su domicilio o lugar de trabajo, detenciones arbitrarias, vulneración de sus cuentas de redes sociales y correo, chantajes con información íntima y constantes amenazas, todo a causa de su trabajo.
En este panorama represivo es necesario mencionar las situaciones particulares de Lázaro Yuri Valle Roca, a quien le fue dictada una sentencia por 5 años de privación de la libertad por cubrir una protesta callejera en Cuba, y el periodista de CubaNet, Vladimir Turró Páez, que narraba en un video la agresión y el posterior arresto por parte de elementos de la Seguridad del Estado.
Además, Adelth Bonne Gamboa hizo de conocimiento público el acoso del Departamento de Seguridad del Estado al que se ha visto sometido junto con su madre por verter sus opiniones en redes sociales.
Asimismo, Dairon Corzo Mora (hijo de director del ICLEP) y Yadisley Rodríguez Ramírez y Geovanis Cepúlveda Martínez, estos últimos del medio digital Palenque Visión han recibido citaciones a un interrogatorio con la amenaza de que en caso de no hacerlo, se procederá a su detención.
Cepúlveda Martínez y Rodríguez Ramírez fueron notificados que el día 8 de septiembre de 2022 deberán comparecer ante el Tribunal Municipal Popular de Camagüey. El motivo de esta citación es que se desarrollará el juicio oral del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de Atentado y Desacato.
Por todo lo anterior, ARTICLE 19 llama al gobierno de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel Bermúdez a cesar las agresiones hacia la prensa independiente y le recuerda su obligación como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de garantizar el libre ejercicio del periodismo y la crítica. La persecución y hostigamiento constante hacia las y los periodistas no sólo genera afectaciones en el derecho que las personas tienen a buscar y difundir información, a elegir y desempeñarse en el empleo de su preferencia y a no ser víctimas de injerencias arbitrarias en el lugar en que viven, también margina a la población de Cuba de conocer una perspectiva distinta a la oficial sobre los asuntos públicos.
Nota para prensa
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