• Sin periodistas ni personas alertadoras no puede haber una verdadera democracia. 
• El caso de Assange ha reflejado la necesidad de proteger a periodistas y personas alertadoras (“whistleblowers”, en inglés).
• México necesita establecer un sistema amplio e integral de protección para personas alertadoras.

Ciudad de México, 22 de junio de 2022. El pasado 17 de junio, la Ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó una orden de extradición de Julian Assange, a petición del gobierno de Estados Unidos. Esta decisión envía un mensaje contundente para intimidar y provocar la autocensura de periodistas y de otras personas que alertan acciones y omisiones de los Estados que cometen violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

Assange, periodista y fundador de WikiLeaks, divulgó a través de la plataforma información de interés público sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

A raíz de la difusión de los hechos, y buscando refugio de la persecución emprendida por el gobierno estadounidense tras acusarle de “espionaje” por haber publicado la información, desde 2012 hasta 2019 a Assange le fue otorgado asilo en la Embajada de Ecuador con domicilio londinense para evitar ser aprehendido. Sin embargo, en abril de 2019 las autoridades ecuatorianas le retiraron su permiso de asilo, por lo que -sin dicha protección- Assange fue detenido y fue puesto a disposición de las autoridades del Reino Unido. 

De ejecutarse la orden de extradición, Assange enfrentaría en Estados Unidos cargos asociados por haber infringido la ley de espionaje de 1917 que prohíbe filtrar información relacionada con la seguridad nacional, con riesgo a ser sentenciado con una pena de hasta 175 años.

Assange no es criminal, es un periodista y una persona alertadora que ha impulsado una generación de periodismo y activismo que dedicada a la revelación de graves abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

La decisión de extraditarlo representa un atentado para los derechos de periodistas alrededor del mundo. Si el gobierno estadounidense permite enjuiciar a Assange, un mensaje quedará claro para periodistas y personas alertadoras: si haces tu trabajo, puedes ser perseguido.

Cada país que se dice democrático tiene la obligación de proteger a periodistas. El Reino Unido está obligado a proteger a Assange y debe evitar su extradición a Estados Unidos. De lo contrario, socavaría la libre expresión y la democracia. 

Las leyes de espionaje no deben utilizarse para castigar a periodistas o a cualquier persona a revelar información de interés público. Del mismo modo, las personas alertadoras y quienes brindan información a los medios de comunicación no deben ser procesadas ​​cuando prevalece el interés público en la información que divulgan. 

Cuando un Estado persigue a quienes publican información de interés público, como periodistas y personas alertadoras, para hacerla accesible a la sociedad, alienta a que gobiernos -que de forma rutinaria procesan a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos- les criminalicen por exponer información sobre actos de corrupción y violaciones a derechos humanos que cometen.

Desde un análisis localizado y contextualizado a México, durante 2021 ARTICLE 19 registró ocho asesinatos y 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. La verdad, memoria y justicia de las agresiones y las formas más extremas de violencia hacia periodistas -como los homicidios-, también. Ante este escenario generalizado de violencia contra el gremio, el 21 de junio de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que si Estados Unidos no le otorga un indulto a Assange, México le ofrecerá asilo porque “debe prevalecer el humanismo”.

Dicha “oferta”, tan simbólica como se plantea, pretende condenar este tipo de persecuciones sin realmente ofrecer sistemas integrales de protección a periodistas y personas alertadoras que realizan sus actividades en el mismo México. 

Actualmente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, conformado por ARTICLE 19 Oficina México y Centroamérica, Fundar, PODER y la Red en Defensa de los Derechos DIGITALES (R3D), han estado trabajando e impulsando una agenda de protección a personas alertadoras en México. Desde este conglomerado, primero, condenamos la decisión de la Ministra Patel por los efectos inhibitorios que ésta provoca en la libertad de expresión de Assange, de otras personas periodistas y alertadoras, y de la sociedad internacional. Segundo, alentamos al gobierno de México a que acredite la deuda de instaurar un marco regulatorio que garantice la protección de quienes revelan y difunden información.

Nota para prensa

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