Ciudad de México, a 17 de octubre de 2020.- El martes 13 de octubre el diputado local de Morena, Ramiro Ruiz Flores, amenazó telefónicamente al reportero y columnista Juan Carlos Méndez Ramírez, presidente de la asociación Medios Digitales del Pacífico, en el municipio de La Paz, Baja California Sur. A las 13:39 horas el diputado le llamó al columnista para señalarle: “Te pasaste de la raya, ahora vas a ver, no te la vas a acabar”, ante ello, Mendez respondió que sólo hace su trabajo y colgó.
El periodista considera que la amenaza está relacionada con su trabajo de opinión puesto que en su columna La Arenga, en la que analiza temas políticos, recientemente había opinado sobre lo que se ha definido en medios de comunicación como una crisis institucional en la entidad, en la que el Congreso se encuentra confrontado en dos grupos y existe un enfrentamiento con el gobernador.
Es necesario señalar que el 24 de agosto este mismo diputado amenazó telefónicamente al periodista Diego Soto del portal tresseiscincomx.com, quien ha publicado recientemente columnas de opinión en las que analiza los efectos que ha tenido el amparo otorgado al Congreso de BCS en contra del Ejecutivo, relativo la retención de recursos públicos que le corresponden al legislativo.
ARTICLE 19 ha documentado que el diputado primero llamó para decirle: “Esto ya es personal ¿hasta dónde quieres llegar?”. Minutos después le mandó vía WhatsApp el siguiente mensaje: “Amigo ya tienes consigna difamatoria contra un servidor, el que se lleva se aguanta».
Soto ha iniciado denuncia por amenazas en la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (número PZ/4586/2020/NUC) en tanto que Méndez Ramírez prepara la denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR). Ambos por el delito de amenazas.
Hay que señalar que Baja California Sur enfrenta un conflicto político, que integrantes del Congreso han definido como “parálisis institucional” y los periodistas entrevistados, describen cómo de “ingobernabilidad”; resalta como parte de dicho conflicto, que en agosto pasado, el Congreso de BCS interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Controversia Constitucional (123/2020) en contra del Ejecutivo del Estado en la que se reclama que ha retenido los recursos económicos que le corresponden al Legislativo, reclamando también, el reconocimiento del Auditor del Estado. En este contexto de conflictividad institucional se eleva el riesgo de atención ante las agresiones a periodistas, ya que la polarización de posturas puede tener efectos sobre el libre flujo de las ideas y las opiniones.
ARTICLE 19 recuerda que en el Código Civil del estado se establece textualmente “que no se considerará ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensiva” (sic). Ello coincide con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que el “debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia”.
ARTICLE 19 externa su preocupación respecto a posibles actos de retaliación por el diputado de Morena, Ramiro Ruíz y que atentan de manera directa contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, ARTICLE 19 hace un llamado directo a la fiscalía local y FEADLE para que atienda la denuncia presentada, tomando en cuenta protocolo homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión
Asimismo se llama a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur a que inicie una queja por violaciones al derecho a la libertad de expresión por parte del funcionario público. Ya que la omisión de investigación alienta y mantiene un clima de violencia directa contra la prensa.
Finalmente, ARTICLE 19 solicita al Mecanismo de Protección que refuerce las medidas ofrecidas tanto a Carlos Méndez como a Diego Soto, garantizando su seguridad y otorgando las medidas necesarias para la realización de su trabajo.
Nota para prensa
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