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Recomendación de la CNDH: Paso fundamental para la liberación de Pedro Canché

México D.F. a 12 de mayo de 2015.- El día de ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la Recomendación 13/2015 de la en la cual se confirman las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica del periodista maya Pedro Canché, detenido arbitrariamente desde hace más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del Gobierno de Roberto Borge.

Entre los aspectos que destacan de la Recomendación emitida por la CNDH, están que considera las pruebas que obran en el expediente como elementos insuficientes para acreditar el delito de sabotaje que se le imputa a Pedro. En esta tesitura, el organismo nacional de derechos humanos establece que lo único que corroboran los supuestos testigos – también empleados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado de Quintana Roo- y el dictamen pericial que pretende demostrar los supuestos hechos delictivos, es que Pedro se encontraba en el lugar de los hechos tomando fotografías con su celular en la mano, lo cual de ninguna manera puede considerarse como la intención de causar un daño a un bien público (párrafos 56, 64, 66, 68, 69, 92 de la Recomendación).

En la Recomendación se enfatiza la desproporcionalidad en la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo y el uso del delito de sabotaje para inhibir la libertad de expresión. Precisa que la documentación y difusión que llevó a cabo Pedro Canche de lo sucedido durante el bloqueo de la CAPA; su afirmación en el sentido de que su presencia en ese lugar a partir del 16 de agosto fue para documentar tales acontecimientos; el video difundido por el agraviado en el que denunció el desalojo de las personas que participaron en el bloqueo e hizo duras críticas al gobierno de Quintana Roo, sumadas a las inconsistencias en que incurrió la Procuraduría local, le permiten inferir a la CNDH que la actuación de las autoridades locales devino en un medio indirecto para limitar la libertad de expresión de Pedro Canché al imputar desproporcionadamente un tipo penal a las conductas que el periodista estaba realizando estaba realizando (párrafos 75 y 77).

Retoma que la intencionalidad de las autoridades implicadas al utilizar tipos penales como el sabotaje es intimidar a quienes documentan manifestaciones como la que se desarrolló a las afueras de CAPA los día 11 a 19 de agosto de 2014. En esta línea, recuerda que se genera responsabilidad para el Estado por la utilización de tipos penales ambiguos y vagos –como sabotaje- para sujetar a proceso a personas que han realizado denuncias sobre afectaciones a derechos humanos (párrafos 88 y 89).

De la misma manera, la CNDH señala que “queda fuera de duda” las agresiones físicas a las que fue sujeto Pedro Canché los dos primeros días de su injusta reclusión en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto. En este sentido, señala que el entonces alcalde del centro de reclusión es responsable por no haber garantizado la debida salvaguarda de la integridad personal de Pedro Canché (párrafo 110).

Aún y cuando la CNDH no se pronuncia al respecto, en diverso juicio de amparo promovido para garantizar la integridad personal y salud de Pedro Canché se ha demostrado que persisten las secuelas y dolencias físicas derivadas de la agresión. Hasta la fecha, el Sistema de Salud Pública de Quintana Roo ha sido omiso en brindar una atención médica debida, y por el contrario ha sido responsable de que la salud del periodista maya se degrade día con día.

En cuanto a los señalamientos que Lino Magos Acevedo, titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, hiciera en su cuenta de Twitter estigmatizando a Pedro como “atentado de periodista y aprendiz de alborotador”, la CNDH manifiesta que resulta incompatible con su cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos de todas las personas sujetas a un juicio de carácter penal. Concluye que las aseveraciones de Lino Magos es una evidencia más de la afectación indirecta a la libertad de expresión en contra de Pedro Canché (párrafo 133).

Por todo lo anterior se recomiendan diversas medidas de reparación para que Pedro sea resarcido en sus derechos violados, destacando:

  1. La necesidad de que la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo promueva el sobreseimiento de la causa para que Pedro Canché recupere su libertad de inmediato.
  2. Que las autoridades correspondientes realicen actos de reconocimiento de su responsabilidad y ofrezcan una disculpa pública institucional adecuada de las violaciones acreditadas en la Recomendación.
  3. Igualmente, recomienda a Roberto Borge y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo que inicien las investigaciones administrativas que correspondan por las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, Lino Magos en su calidad Director de la Defensoría Pública estatal y el entonces Director de la cárcel municipal
  4. Solicita colaboración de las autoridades locales en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule la CNDH ante la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad en contra los responsables de fraguar la construcción de una imputación falsa.
  5. Prevé que se indemnice a Pedro por los daños causados durante su detención arbitraria

Sobre todo lo anterior, el Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Superior y el Ayuntamiento de Felipe Carillo Puerto deben responder en 15 días hábiles sobre su aceptación o no. Ante ello exigimos que se acepté de manera total y se cumpla de inmediato para que cesen las violaciones contra los derechos humanos de Pedro Canché y se restituido de manera inmediata en su libertad.

De la misma manera, consideramos fundamental para la plena vigencia de los derechos humanos que la CNDH continúe en este camino. Específicamente, en un contexto de violencia contra la prensa, es indispensable que se emitan recomendaciones como un medio para frenar las agresiones contra quienes ejercen este derecho.

 

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