México D.F., a 16 de febrero de 2012(Anticensura).-La situación de vulnerabilidad en la que se ejerce la libertad de expresión en Chihuahua se gestó a lo largo de los últimos años. Ese estado tiene uno de los índices más altos de agresiones a periodistas y medios en el país (56 sólo de 2009 a la fecha), al menos diez comunicadores han sido asesinados en el lapso de una década y otros seis han tenido que abandonar el país tras recibir amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada y funcionarios del gobierno estatal.
En 2011, de las 15 agresiones registradas, el 86% fueron perpetradas por un servidor público, en su mayoría (86.6%) fueron amenazas, detenciones ilegales y agresiones físicas y/o al equipo de trabajo. Las cometidas por grupos del crimen organizado apenas alcanzaron 6.7% en ese mismo año.
De esta información podemos arribar a dos conclusiones: 1) Los principales perpetradores de agresiones en contra de la prensa son actores estatales (funcionarios públicos) en el contexto de la cobertura de operativos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 2) Fracasó todo lo que se ha hecho hasta el momento desde el Estado para solucionar el problema. Si bien Chihuahua se convirtió en el primer estado en crear un mecanismo especial para la protección de periodistas en México, su rotundo fracaso es evidente. Ahí están las cifras y las demandas reiteradas de las asociaciones de periodistas.
Ciertamente la apertura de las autoridades chihuahuenses es digna de reconocimiento, sin embargo el gesto por si sólo es insuficiente. Desde que se lanzó el mecanismo de protección a periodistas en agosto en 2010 hasta la fecha, poco se conoce sobre el presupuesto asignado, la manera en que se gastó, el número de casos que conoció, atendió y desechó. Falta transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que no hay suficientes elementos para que el grupo objetivo y el resto de la sociedad evalúe el desempeño, el gobierno de Chihuahua estuvo apunto de embarcarse en la renovación del acuerdo la semana pasada, afortunadamente el evento fue cancelado.
De acuerdo con el documento en manos de ARTÍCULO19, los cambios respecto al primer texto son mínimos y meramente cosméticos. Las limitaciones de la primera versión se mantienen. La principal deficiencia del documento es que no atiende las situaciones concretas en las que la prensa es especialmente vulnerable, como las escenas de crímenes o retenes. El éxito de una política de protección radica en la definición de acciones específicas para situaciones concretas.
Otra deficiencia es la ausencia de un proceso de consulta amplio para la elaboración del texto. Sólo ha sido consensuado con una parte de las asociaciones de periodistas del estado y no cuenta con los insumos a nivel personal de la población objetivo, es decir de las y los reporteros, en particular aquellos que cubren asuntos de seguridad pública.
Resulta evidente también el desequilibrio en el número de recomendaciones, mientras que se insiste hasta el cansancio que los periodistas deben realizar su trabajo de manera profesional y ética, la responsabilidad de las autoridades sólo merece un par de menciones generales. Al leer el texto, pareciera que el origen exclusivo del riesgo que enfrenta la prensa es la falta de ética y profesionalización, ya que ignora casi por completo la incapacidad estructural de las fuerzas de seguridad para facilitar el trabajo de periodistas y fotógrafos.
Sí bien el Acuerdo contempla un apartado específico sobre el «flujo de información» entre autoridades y prensa, los lineamientos son sumamente generales y no resuelven el vacío informativo que propicia las agresiones. El problema y origen del riesgo para la prensa en Chihuahua y en prácticamente el resto del país, asistente a escenas del crimen, operativos y retenes en busca de datos mínimos sobre los hechos, muy a menudo se topan con la cerrazón e intransigencia de las fuerzas de seguridad, las cuales, al no contar con el entrenamiento necesarios responden de manera defensiva y hasta en algunos casos hasta violenta. Un política de protección debe atender y corregir puntualmente el vació informativo.
Finalmente, un punto que tampoco es abordado en el Acuerdo es la desconfianza enraizada tanto en la prensa como las fuerzas de seguridad. No existen mecanismo de distensión y resolución de conflictos. Las fuerzas de seguridad no acaban de entender que sin el acompañamiento y escrutinio de la prensa, el proceso de construcción de legitimidad estará incompleto de manera indefinida. Una muestra de ello es lo esta pasando en Ciudad Juárez.
La prensa en Chihuahua requiere de las condiciones mínimas de seguridad y certeza para poder realizar su trabajo. Es decir, que las autoridades cumplan a cabalidad la responsabilidad de defender, proteger y difundir el respeto de los derechos humanos, no sólo de periodistas sino también de la sociedad en su conjunto. Nada más, ni nada menos.
