Múltiples han sido los intentos del gobierno del Presidente Rafael Correa para desacreditar a los medios en Ecuador para legitimar una regulación que limite injustificadamente la libertad de expresión. Ecuador es un ejemplo de las diversas iniciativas que pretenden controlar la información y acallar a la prensa.
La Asamblea Nacional de Ecuador discutió por primera vez la iniciativa de Ley Orgánica de Comunicación en noviembre del 2009 bajo un discurso de protección a la libertad de expresión. En realidad, establece límites más allá de los permitidos. Incluye disposiciones que propician la censura previa y restricciones de contenidos, así como la colegiación obligatoria de periodistas. Además, los medios son requeridos para adoptar y registrar códigos de ética ante un órgano gubernamental que supervisaría e impondría sanciones en caso de violaciones a la ley. Todas son disposiciones discutidas y superadas en los estándares internacionales.
Ante los distintos pronunciamientos de la sociedad civil e incluso comentarios públicos de UNESCO y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Asamblea acordó conformar un grupo de asambleístas para revisar y adecuar el proyecto a los estándares internacionales.
La discusión de esta ley se da en una franca confrontación del presidente Correa con varios medios a los que ha señalado públicamente como buitres, malintencionados, manipuladores, golpistas, mafias conspiradoras, y ha manifestado que si no entienden nada mejor quédense callados.
Más allá de los insultos, el presidente ha emprendido acciones concretas para quebrantar el libre flujo de información en el país. Ha iniciado procesos judiciales para castigar e inhibir el ejercicio periodístico. Ejemplo de ello es el caso de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, coautores del libro El Gran Hermano, que revela las condiciones en las que se firmaron contratos millonarios entre el hermano de Correa y el Estado. Los autores fueron acusados por el presidente por daño moral por la cifra de 10 millones de dólares. Absoluta desproporción.
Pero Correa ha ido aún más lejos para legitimar la aprobación de disposiciones de esta índole. La última medida fue incluir dos preguntas relacionadas con la comunicación en la consulta pública que tuvo lugar el 7 de mayo pasado. Las preguntas incluyen:
• La opinión sobre la creación de un Consejo de Regulación de carácter gubernamental, para supervisar los contenidos de los medios.
• La opinión sobre prohibir a los dueños de medios, medios y sus directivos que puedan ejercer actividades ajenas a la comunicación para evitar conflictos de intereses.
Es decir, promueven límites innecesarios restringiendo el derecho a la libertad de expresión que no cumplen con los estándares sino que inclusive limitan el derecho de empresa.
Desafortunadamente la polarización en cuanto a la regulación de medios ha permeado en los mismos medios y trabajadores de la comunicación.
Ante la manifiesta voluntad de imponer normas y órganos del Estado a los efectos de que controlen la información oportunidad de desestimar los argumentos del gobierno está ahí, la autorregulación. La adopción de códigos de ética, ombusdman de la audiencia o consejos de prensa son las acciones idóneas. Las restricciones injustificadas a la libertad de expresión son una afrenta no sólo al gremio periodístico y sus audiencias, sino también para la democracia y sus ciudadanos.
Texto escrito por Cynthia Cárdenas,consultora legal de ARTÍCULO19.
