Ciudad de México, 29 de agosto de 2025.- El jueves 28 de agosto de 2025, uno de los presuntos implicados en el asesinato de la periodista y directora del medio Quinto Poder, María Elena Ferral –perpetrado el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz– fue liberado por mandato del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual le concedió un amparo bajo el argumento de falta de evidencias en su contra.

Se trata de la segunda liberación otorgada a personas señaladas como presuntas responsables. La primera ocurrió en 2024, cuando un juez civil ordenó la excarcelación de otro de los nueve presuntos implicados, también por supuestas irregularidades en el proceso encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

ARTICLE 19 reprueba las deficiencias en la investigación ministerial, las cuales se traducen en la negación del acceso a la justicia para las víctimas. El desaseo con el que la Fiscalía de Veracruz condujo la investigación termina afectando directamente a la familia de María Elena Ferral y evidencia la falta de debida diligencia en un caso que, por su gravedad, exigía una actuación reforzada.

Asimismo, lamentamos que el tribunal haya desestimado los datos de prueba bajo el argumento de que se trataban de testimonios de “oídas”, pasando por alto que, en la etapa procesal de vinculación a proceso, el estándar de prueba requerido es únicamente acreditar la posible participación de la persona imputada mediante indicios, y no el nivel de certeza que se exige en una sentencia definitiva. Al no reconocer esta diferencia, se debilitó el caso en una fase clave de la investigación, abriendo la puerta a la impunidad.

El actuar deficiente de las autoridades de procuración y administración de justicia no solo revictimiza a la familia de María Elena, sino que también envía un mensaje peligroso de permisividad frente a los crímenes contra periodistas. Tanto Fernanda Ferral, periodista e hija de María Elena, como ARTICLE 19 condenamos esta decisión, pues representa un grave retroceso en el acceso a la justicia no solo para Fernanda y su familia, sino también para las y los colegas periodistas que enfrentan diariamente un panorama cada vez más violento y desalentador.

De igual manera, el Estado mexicano evidencia su falta de voluntad para cumplir con las obligaciones adquiridas en tratados internacionales que lo obligan a prevenir, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, la integridad, los derechos humanos y el acceso a la justicia de las y los periodistas. Lejos de garantizar estos derechos, el proceso de búsqueda de justicia para María Elena Ferral se ha caracterizado por la ausencia de un debido proceso y por la falta de avances que conduzcan a la identificación y sanción de las personas autoras intelectuales del crimen.

Aunado a esto, Fernanda de Luna Ferral ha sido víctima de múltiples agresiones derivadas tanto del asesinato de su madre como de su propia labor periodística. De acuerdo con la documentación realizada por ARTICLE 19, el 29 de mayo de 2020 sufrió un atentado, tan solo dos meses después de lo ocurrido con su madre. Desde entonces, ha enfrentado distintos ataques y actos de hostigamiento.

A cinco años de impunidad en este caso, ARTICLE 19 exige:

• A la Fiscalía General del Estado de Veracruz, llevar a cabo las investigaciones del caso de María Elena Ferral acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión, con el fin de garantizar su obligación de acceso a la justicia para las víctimas; esto, en conjunto con la familia, para procurar su protección e integridad personal.
  
• A los poderes judiciales de Veracruz y de la Federación, actuar con perspectiva de derechos humanos y de libertad de expresión, evitando decisiones que revictimicen a las familias y perpetúen la impunidad.
  
• Al Estado mexicano, en su nivel federal, estatal y local, aplicar medidas efectivas a través de la creación de políticas públicas integrales que protejan tanto a periodistas como a sus familias.