México D.F., 9 de febrero 2012 (Article 19/Anticensura).-La crisis de seguridad pública por la que atraviesa Ciudad Juárez no es un secreto, según los estudios realizados por expertos en el tema es la segunda ciudad más violenta del mundo. Junto con las personas que defienden derechos humanos, la prensa es uno de los grupos particularmente vulnerables. En 2008 fue asesinado el reportero veterano de asuntos policíacos Armando Rodríguez, dos años después, el fotógrafo Luis Carlos Santiago sufrió un atentado en donde también perdió la vida.
Por lo menos 8 periodistas de esa ciudad tuvieron que huir y solicitar refugio en el extranjero. Quienes ejercen el periodismo enfrentan un nivel de riesgo bastante alto, primero por el hecho de vivir en esa ciudad, en segundo lugar por el tipo de información que difunden y, ahora también, por el simple hecho de ser ejercer esa profesión.
De acuerdo con una investigación del Diario de Ciudad Juárez, en los últimos 9 meses por lo menos 12 periodistas han sido objeto de agresiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias e ilegales mientras cubrían las actividades de la policía municipal de esa ciudad.
Tanto la Red de Periodistas de Juárez como la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, han denunciado públicamente la situación y demandado las garantías necesarias de seguridad para la cobertura de las actividades policiacas. Sin embargo las autoridades municipales, en particular los mandos de la policía municipal, han respondido como de costumbre a las protestas de la prensa, simplemente ignorándolas.
Si bien la protección a periodistas ha sido un tema presente en la agenda de la clase política chihuahuense (especial en tiempos electorales), sólo se ha traducido en una peligrosa simulación de las autoridades. En agosto del año pasado el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de un sistema Integral de seguridad para periodistas. Poco se conoce de los resultados ante la falta de transparencia por parte de las instituciones participantes, sin embargo existen casos que dan cuenta de su ineficacia. Entre la comunidad de periodistas de Juárez, en especial entre quienes cubren asuntos de seguridad pública es bien sabido que dicho sistema es letra muerta. Mientras tanto, el tan anunciado programa federal «Todos somos Juárez«, cuyo objetivo es atender los «problemas más apremiantes de la comunidad», no contempla una sola línea de acción para revertir la situación de vulnerabilidad de periodistas y comunicadores.
Además de las causas estructurales que obstaculizan el libre flujo de información en Ciudad Juárez, también existen otras originadas en la vocación autoritaria de los funcionarios a cargo de las instituciones que deberían promover y proteger la libertad de prensa. Este es el caso del actual Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, el Teniente Coronel en retiro Julián Leyzaola. Precedido por los resultados obtenidos cuando ocupo el mismo cargo en la ciudad de Tijuana, así como una larga historia de acusaciones de abusos y violaciones graves a derechos humanos, fue convocado por el actual presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal a principios del año pasado.
Los resultados de los métodos utilizados por el Teniente Coronel en Juárez ya están a la vista. En diciembre pasado fue acusado junto con otros 7 policías de matar a golpes a una persona que se encontraba bajo su resguardo. A pesar de los elogios de algunos periodistas y que la revista Quién lo incluyera en la lista de las «50 personas que mueven a México«, resulta evidente la carencia absoluta de conocimientos respecto a la defensa y protección de los derechos humanos. Ciertamente la administración del secretario Leyzaola no ha sido fácil, durante el años pasado 37 agentes de la corporación fueron asesinados, recientemente aparecieron mantas colgadas en las calles presuntamente por grupos criminales amenazándolo con más violencia. Sin embargo, justificar cualquier abuso de poder como requisito para incrementar la seguridad pública, es un camino sumamente peligroso.
Contraponer la seguridad al respeto a los derechos humanos, es un falso dilema. La seguridad es en realidad inalcanzable sino es a través del respeto irrestricto de las libertades y derechos fundamentales. El secretario Leyzaola y el alcalde Murguía son responsables de cada uno de las doce agresiones en contra de la prensa en Ciudad Juárez. Son responsables de no castigar a los responsables y de asegurarse de que hechos tan condenables vuelvan a suceder. Sí el secretario Leyzaola no toma cartas en el asunto y permite que el personal a su cargo continúe acosando y amenazando a la prensa, estaría reduciendo la legitimidad y estatura moral de su investidura al mismo nivel que el de «los mugrosos» a los que persigue.
