La consolidación de la democracia es un proceso incierto. Hay avances y retrocesos todos los días. Hay actores comprometidos con el fortalecimiento del sistema político y hay actores que prefieren el status quo. Lo innegable, es que el sueño de la transición y democracia se desdibuja cada vez más en el imaginario colectivo de nuestro país. De aquella primera administración que inauguró la transición del partido en el poder, se le pueden reconocer pocas aportaciones a la vida democrática. Sin embargo, una de ellas fue intentar, a través de un marco normativo, dar el primer paso para promover en nuestro país un elemento fundamental para una democracia en ciernes como la nuestra: la obligación pública de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
En una sociedad donde la corrupción y opacidad son intrínsecas, resultaba innovador y esperanzador tener consagrado en la Constitución el derecho al acceso a la información y transparencia. Además, el Congreso aprobó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Federal, la cual era reconocida como una ley de categoría mundial. Así, de la noche a la mañana, la comunidad internacional reconocía en la ley mexicana una de las mejores leyes en dicha materia del mundo. De esta manera, nuestra joven democracia contaba con un elemento indispensable para generar los cambios necesarios en la administración pública. Época de bonanza, leyes de transparencia —aunque heterogéneas en su contendido— se reproducían en cada entidad federativa por mandato constitucional. Lo mismo sucedía con institutos locales de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información llegó para quedarse. No hay autoridad política que se atreva a despreciar dicho derecho. Aunque aún está por verse su verdadero alcance, ya forma parte de nuestras reglas democráticas. Nueve años después se ha podido ir decantando que las prácticas de transparencia y rendición de cuentas siguen siendo ajenas al quehacer gubernamental en los diferentes órdenes de gobierno. Aún podemos vermaletines llenos de billetes por un total de 25 millones de pesos, y el acompañamiento de explicaciones ridículas por parte de las autoridades.
Hay infinidad de ejemplos que evidencia que la cultura de la transparencia no ha transformado el DNA de nuestra sociedad. Los gobiernos se han dado cuenta del poder ciudadano que conlleva este derecho. El catálogo de malas prácticas en aras de perpetuar la opacidad crece constantemente. A lo largo de estos años, organizaciones de la sociedad civil y académicos han mostrado evidencias que explican dónde están los mayores rezagos en materia de transparencia.
A pesar de los significativos avances, la transparencia no está garantizada en la práctica, en la cultura de los que guardan la información. Cada vez es más evidente el deseo por parte de los gobernantes de controlar la información e impedir, de esta manera, el derecho saber de la sociedad. A pesar de que es criticable esta acción de entorpecer el derecho a la información, al mismo tiempo es natural. Por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón buscará reservar información delicada que conlleve a un juicio lacerante de su administración por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación. Para buscar esta defensa a priori, el presidente ha enviado la propuesta al Senado para que Ricardo Celis Aguilar Álvarez ocupe el puesto de comisionado dentro del IFAI.
El presidente tiene la facultad de nombrar a quien le plazca, siempre y cuando, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el candidato se haya “desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley”. Al revisar el currículum de Celis, queda claro que la intención del Ejecutivo es pasar por alto el contenido del artículo anteriormente citado. El candidato no cuenta con la mínima experiencia en materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Su conocimiento y experiencia en las materias propias del IFAI es prácticamente nulo. La burda intención de Felipe Calderón hace sospechar sobre las verdaderas intenciones al nombrar a un incondicional como lo es Celis.
La sospecha continua. El artículo 6° Constitucional señala que los procedimientos y solicitudes de acceso a la información serán ante órganos especializados e imparciales (dígase el IFAI) y contarán con autonomía operativa de gestión y de decisión. El texto es breve, pero demoledor para las intenciones de Ricardo Celis de llegar al IFAI. Por lo que hace a la autonomía del IFAI, los cargos que Ricardo Celis Aguilar Álvarez ha ocupado dentro de la Administración Pública Federal, suponen una posición parcial hacia los intereses del presidente de la República y su gobierno, en obvio detrimento del interés público.
No hay ningún elemento para suponer que sus decisiones y posiciones frente a delicadas solicitudes de información sobre la administración de Calderón, las realizará con autonomía de decisión. Su paso por Consejería Jurídica de Presidencia y de la Secretaría de Gobernación denota su vocación de empleado del presidente.
El proceso de deliberación del Ejecutivo federal ha se ha llevado en completo sigilo y opacidad. Ha sido a través de filtraciones sin confirmar como la sociedad civil y la academia hemos conocido de los nombres que han estado en el escritorio presidencial. El sentido común nos asiste al demandar que un proceso de selección para el puesto más importante en materia de transparencia del país se debería basar en reglas claras y transparentes y de cara a la sociedad. Es cierto que no lo exige así la ley, pero nada impide que hubiese sido el mismo presidente quien hubiera acuñado la buena práctica. Quedará en los anales de los actos de gobierno como un proceso que no arroja las mínimas garantías de transparencia para escoger al mejor candidato o candidata. El IFAI funciona de acuerdo a las capacidades y compromiso con la transparencia que tiene cada comisionado que participa en el pleno. Ahí está el nombramiento de Sigrid Artz, por parte de Calderón, quien su compromiso con la máxima publicidad en materia de seguridad es severamente cuestionado.
Además de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 35 de la LFTAIPG, es necesario que la persona que cubra el puesto de comisionado del IFAI —a fin de garantizar su autonomía y especialización— reúna los requisitos siguientes:
ü No haber sido servidor público por lo menos un año antes del momento de su designación, salvo que se trate de labores vinculadas directamente con transparencia, acceso a la información y/o protección de datos personales.
ü Contar, como mínimo, con dos años de experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y/o protección de datos personales.
ü No tener filiación partidista.
ü Contar con una trayectoria destacada en materia de transparencia y acceso a la información y/o protección de datos personales.
La oposición del nombramiento no es personal contra Ricardo Celis. Será contra toda persona que busque usurpar un puesto de enorme relevancia para la sociedad mexicana y no tenga los requisitos mínimos para desempeñar el puesto salvaguardando el interés público de la información pública.
