La pérdida del espacio informativo de Carmen Aristegui es una pérdida para la sociedad mexicana. Su trabajo periodístico abonaba a entender mejor los hechos noticiosos de nuestro país y el mundo. Su ejercicio de la libertad de expresión, con análisis independientes, claros y sustentados obtuvieron rápidamente el beneplácito de la audiencia. Las muestras de afecto de sus radios escuchas en las calles, blogs y en las redes sociales confirman lo que dictaba el rating comercial. A Carmen la escuchaban muchas personas. La salida de ella y de su equipo de periodistas profesionales limita la oferta informativa de manera importante. El estilo periodístico de Aristegui podrá o no gustar, es derecho de cada quién, pero su voz abonaba a la diversidad de ideas tan necesaria para el afianzamiento de un sistema democrático.
Hablaron las partes involucradas, MVS, Carmen Aristegui y la Oficina de la Presidencia. Todavía hay muchas interrogantes por responder.
Se habla de una carta escrita por Los Pinos pidiendo que la periodista se disculpe por preguntar sobre un presunto problema de alcoholismo del Presidente Felipe Calderón. Esa carta no es pública (o no se ha hecho pública). La periodista en rueda de prensa confirmó la existencia de ésta. Se puede o no tomar la palabra de la periodista, pero en el supuesto que sí exista, me parece que refleja una clara intromisión violadora de la libertad de expresión. Sería inaceptable que a estas alturas en nuestra historia el presidente de la República presione a medios de comunicación independientes. Sería absurdo, inaceptable y debería levantar la ira y solidaridad de la sociedad en general y de los mismos medios independientes. Es una lástima que la carta no sea pública. Disiparía dudas y evidenciaría actos de mal gobierno. Pero, sobre todo, dejaría claro la intención autoritaria del Ejecutivo Federal.
El embrollo comenzó, como es sabido, por una manta expuesta en el recinto principal de la Cámara de Diputados. La manta había sido expuesta por Diputados del Partido del Trabajo. En ella se aducía a un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. La editorial de la nota que hizo la periodista se limitaba a solicitar, clara y directamente, una respuesta a la presidencia sobre dicha afirmación que hacían los diputados. Aquí hay dos elementos relevantes. El primero es que la pregunta de Aristegui se basa no en rumores, sino en lo que sostenían representantes populares en el recinto legislativo más importante del país. En otras palabras, no era chisme de banqueta. El otro asunto que se ha debatido es si la pregunta respondía o no al interés público. Sin lugar a dudas, la salud (que habla de la capacidad física y mental del mandatario) del Presidente es de sumo interés público y de ninguna manera, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede interpretar como asunto privado. Es prudente afirmar que es principio de derecho que los servidores públicos tiene un nivel que someterse a un nivel de escrutinio público mucho más tenaz que cualquier persona. Si la presunta enfermedad es inexistente, bien haría el Presidente en confirmarlo y así erradicar rumores y falsa información.
La naturaleza del periodismo es ser incómodo. Sus preguntas lacerantes e inquisidoras son sus herramientas más preciadas. Este capítulo nos vuelve a evidenciar que los medios de comunicación están demasiado cerca al poder político. Esa cercanía provoca que varios intereses converjan y no exactamente a favor del derecho a saber de la ciudadanía. En México hay ataques importantes a la libertad de expresión pero el Presidente Calderón habla de avances. Sin duda alguna hemos avanzado, por ejemplo, en el nivel de sofisticación en cuanto a la presión política abierta por parte de los poderes ejecutivos para castigar o premiar líneas editoriales. Hoy se sigue haciendo pero a través de la colocación de publicidad oficial, no del regaño.
Quedaría para un análisis posterior el hecho de que los nuevos actos de censura son ejercidos por los concesionarios (actores privados), con o sin presión de las autoridades. Es un tema sin duda de mucha relevancia para saber los nuevos retos que enfrenta la libertad de expresión en nuestro país.
Mientras tanto, que Carmen Aristegui y el resto de los periodistas sigan preguntando.
