- Si no se aprueba en el plazo constitucional del 7 de febrero se pone en riesgo un Sistema Nacional de Transparencia eficaz
- Persisten retos y preocupaciones como las sanciones a funcionarios de órganos de transparencia y que se condicione la transparencia a que no afecte la “estabilidad económica”.
México D.F. a 10 de Diciembre de 2014. En caso de no aprobarse la Ley General de Transparencia en el Senado de la República se corre el riesgo de que no pueda promoverse un sistema que proteja eficazmente el derecho de acceso a la información, afirmaron el “Colectivo por la Transparencia” –formado por 14 organizaciones- y “México Infórmate”, red nacional de periodistas y especialistas en el acceso a la información
Por lo anterior, las organizaciones exhortamos al Senado a concretar la discusión y aprobación de la Ley General de Transparencia en los tiempos constitucionales y los términos comprometidos. El 7 de febrero de 2015 se vence el plazo para que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Transparencia. Si esto no sucede, los avances de la reforma constitucional no se verán concretados, el órgano federal no podrá ejercer sus atribuciones constitucionales, no podrán homologarse las leyes locales ni establecerse procedimientos para asegurar la transparencia y el acceso a la información en sindicatos y partidos políticos, entre otros.
El pasado 2 de diciembre fue presentada ante el pleno del Senado para su turno a Comisiones Dictaminadoras la Iniciativa firmada por legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM que sustentará el contenido y alcance del derecho de acceso a la información protegido en el Artículo 6º de la Constitución.
La aprobación de la iniciativa de Ley General de Transparencia es una condición sin la cual la reforma constitucional no podrá ser operada y sus beneficios pospuestos.
En septiembre del presente año se instaló el grupo de trabajo redactor para la definición de una iniciativa de Ley General de Transparencia que contara con los más altos estándares técnicos en la materia. A pesar de los avances y de ser una ley de vanguardia, persisten algunos retos y preocupaciones:
RESERVAR INFORMACIÓN PORQUE AFECTE LA “ESTABILIDAD ECONÓMICA”
El daño a la estabilidad económica como causal de reserva puede ser un elemento para mantener en la opacidad cualquier tipo de información si tomamos en cuenta que los acontecimiento políticos y sociales en el país impactan directamente en las fluctuaciones de los precios y en el valor del dinero.
En este sentido esta restricción es violatoria al derecho internacional de derecho de acceso a la información ya que de acuerdo a la CIDH, cualquier restricción debe ser necesaria para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas y deben ser necesarias en una sociedad democrática. Esta excepción limita el potencial democrático del derecho de acceso a la información.
MORDAZA Y SANCIONES A FUNCIONARIOS DE ÓRGANOS GARANTES.
La imposición de sanciones a los servidores públicos de los organismos garantes “cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los Sujetos Obligados” es una mordaza que puede generar que ante la duda razonable estos servidores públicos eviten orientarse hacia la apertura de información. Se genera una nueva categoría de restricción de información, lo cual inhibe a los órganos garantes de fungir como órganos autónomos
Por estas razones hacemos un urgente llamado al Senado de la República para que se apruebe cuanto antes la Iniciativa de Ley General en términos que amplíen la protección del derecho de acceso a la información, para que así la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional pueda transitar su proceso legislativo y el Congreso de la Unión esté en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Constitución.
Datos:
- El 7 de febrero de 2015 se vence el plazo para que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Transparencia.
- Los congresos estatales tendrían un año más para homologar sus legislaciones locales.
- La nueva Ley General de Transparencia vendrá a hacer públicas declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
- Sindicatos, partidos políticos y asociaciones civiles que reciban y ejerzan recursos públicos serán sujetos obligados de la LGT.
- Se ataca la “inexistencia”, pues los sujetos obligados que no tengan la información y sea parte de sus atribuciones deberán generarla.
- El IFAI se fortalece y se convierte en INTAI (Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información). Ahora tendría facultad de atracción y de revisión de las resoluciones locales.
- Para reservar información, los sujetos obligados tendrán que demostrar que existe un daño presente, probable y específico.
