El fracaso del Estado Mexicano en garantizar el ejercicio de la libertad de expresión bajo su jurisdicción es innegable y presenta una grave amenaza al sistema democrático. Los números que reflejan la violencia contra la prensa nos lleva afirmar, sin dilación, que las políticas adoptadas por el estado mexicano para prevenir y proteger el goce de este derecho han sido un rotundo fracaso. Las Relatorías de Libertad de Expresión tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumaron, durante la visita oficial conjunta a México, al llamado de organizaciones nacionales y extranjeras que desde 2008 demandan medidas especiales y emergentes para atender el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y personas que defienden derechos humanos.
El 3 de noviembre del año pasado el gobierno federal anunció la firma del convenio de colaboración para la creación de tan esperado mecanismo. Parecía que el gobierno había dejado atrás el aletargamiento y menosprecio con el que había tratado el tema. Sin embargo al revisar el contenido del acuerdo quedó claro que no era otra cosa más que un acto de buena voluntad de las entidades firmantes para desempeñar el mandato que por obligación legal actualmente tienen que cumplir. El Convenio contemplaba la publicación de las reglas de operación del mecanismo en el mes de enero del presente año. Las organizaciones especializadas, las cuales llevamos por más de cuatro años trabajando en el tema, asumimos que el documento sería elaborado con una amplia participación de la sociedad civil (dígase periodistas y organizaciones de la sociedad civil). El subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos, Felipe Zamora, pensó diferente. Empezó y terminó el mes de enero y las organizaciones especializadas en protección (aquellas que han desempeñado una labor que por años ha sido soslayada por los gobiernos actuales) jamás fueron consultadas, la información pública sobre el proceso deliberativo es inexistente y a cambio, existe una cantidad considerable de rumores sobre el futuro del mecanismo de protección.
ARTICLE 19 realizó un estudio pormenorizado sobre el marco normativo propuesto en el Acuerdo de Creación de un Mecanismo de Protección para quienes Ejercen el Periodismo en México, dado a conocer el pasado 3 de noviembre del año. A continuación, los puntos más relevantes.
• Es sólo un convenio de colaboración para que las instancias ejerzan el mandato que tienen vigente y no cumplen;
• No dictará e implementará medidas de protección. Únicamente dará seguimiento y valorará las medidas cautelares o de protección dictadas por otra autoridad;
• Las recomendaciones emitidas por el Comité no son vinculantes, su cumplimiento queda al arbitrio de las autoridades;
• No prevé la asignación de recursos financieros para implementar medidas de protección;
• No cuenta con una perspectiva transversal de derechos humanos y género, que ponga en el centro de la atención a las víctimas;
• No se establece la capacidad técnica de quienes harán la evaluación de riesgos ni el catálogo de medidas de protección a implementar;
• Carece de reglas mínimas bajo las cuales deberá funcionar el Comité Consultivo, Secretaría Técnica y Subcomité de Evaluación ni los plazos en que deberán emitir las recomendaciones;
• La adopción del Convenio se anunció el 3 de noviembre de 2010 sin que a la fecha se conozca el documento final con las firmas de los representantes de cada instancia involucrada ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación por lo que no genera derechos a las posibles personas beneficiarias.
• El mismo Convenio establece que los “lineamientos de operación y funcionamiento” debieron emitirse el 2 de enero de 2011. A la fecha sólo se conoce un borrador no oficial que no mitiga ni cubre las deficiencias del Convenio de Colaboración.
Para consultar la versión completa del estudio: Análisis
