En 1988 el país parecía tener enfrente problemas más importantes que el futbol soccer. Ese año, una investigación periodística reveló que al menos cuatro jugadores de la Selección Nacional habían competido en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial Juvenil pese a exceder la edad límite reglamentaria. En consecuencia, luego de un proceso sancionatorio por parte de la FIFA, el futbol mexicano fue marginado dos años de toda competencia internacional como medida disciplinaria.
La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la principal televisora del país, que controlaba el negocio publicitario del balompié nacional y los derechos de imagen de la Selección Nacional, impusieron a dos comentaristas de la televisora estatal Imevisión un veto. Presentados como antipatriotas por revelar el fraude y señalar a los directivos como cómplices, se les inhabilitó para que ninguno fuera acreditado como periodista para la cobertura del Mundial de Italia 1990.
Más de veinte años después, cuando parecía superada la práctica de censurar a los críticos y opositores en una connivencia de facto entre el poder político y el mediático, y en un momento en que las figuras políticas están expuestas como nunca antes al escrutinio público, una decisión asumida por los directivos de un equipo de futbol y apoyada por la Femexfut, trae a la discusión el papel de la libertad de expresión en el escrutinio, no de funcionarios, sino de particulares en actividades de interés público.
El pasado 17 de febrero, mediante un comunicado a la opinión pública, el equipo Chivas, propiedad del empresario Jorge Vergara, anunció la decisión de sus directivos de impedir el paso a los reporteros del diario deportivo Récord a sus instalaciones y a los juegos como local del equipo. Según el club, Récord le ha generado “un gran daño moral para la institución, sus participantes y sus familias” pues las “reiteradas mentiras” del periódico han generado una campaña de odio y abusos que han llegado a las amenazas de muerte.
Sin precisar en qué consisten las mentiras o la campaña de odio emprendida por el diario deportivo, otros equipos de la liga mexicana (a saber, los clubes Santos Laguna, Monterrey, Querétaro y Cruz Azul) respaldaron y se sumaron activamente a la medida al negarle la entrada a reporteros y fotógrafos del periódico a sus encuentros.
El asunto no es menor. En el conflicto de Chivas con el diario Récord existe más que un conflicto de derechos entre particulares; hay un claro interés por castigar la crítica negativa a la calidad del espectáculo, atribuyéndole a ésta la inasistencia, la molestia o las expresiones hirientes del público seguidor que eventualmente podrían reflejarse en una caída de los ingresos por convenios comerciales. No importa si la institución es de carácter privado, el veto impuesto a los reportero de Récord constituye una injerencia arbitraria para impedirles buscar y difundir información de interés público.
Contra lo que usualmente se entiende como tal, el concepto de figura pública no está de ninguna manera limitado a funcionarios, personajes de la política o el espectáculo. Abarca también a aquellos que en alguna medida pueden deberle su éxito o proyección a su relación con los medios, forjadores de opinión, lo cual sucede con los jugadores y directivos de equipos profesionales.
En el fondo, lo que se discute aquí es una restricción indebida a la libertad de expresión ejercida mediante controles caprichosos que cinco equipos de la liga mexicana aplican de manera excepcional en perjuicio de un solo medio y del derecho de los lectores.
En términos del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, el condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada.
Resulta relevante que otros clubes como Toluca, Estudiantes, Tigres y Pumas (estos últimos vinculados con instituciones de educación superior) hayan rechazado apoyar el veto, haciendo énfasis en su respeto al ejercicio pleno de la libertad de expresión. Sin embargo, llama la atención que dirigentes y dueños de equipos se hayan sumado a una acción que violenta derechos fundamentales sin pedirle pruebas al Club Guadalajara de las supuestas calumnias en su contra.
La censura previa y cualquier interferencia o presión directa o indirecta sobre las expresiones con la intención de quitarse de en medio a periodistas incómodos, nombrándolos personas non gratas, constituyen una vuelta al pasado autoritario, ajeno a ese “México libre de violencia, comprometido con la honestidad y la búsqueda de la verdad” al que se refiere el Club Deportivo Guadalajara al pretender amordazar a un medio.
