ARTICLE 19 exhorta al Estado cubano a detener la criminalización de activistas y académicas
28 de mayo de 2025.- ARTICLE 19 rechaza la criminalización perpetrada por el Estado cubano contra las activistas y académicas cubanas Jenny Pantoja y Alina Bárbara López por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, el 18 de junio de 2024. La Fiscalía General de la República de Cuba (FGRC) las acusa por los delitos de desacato, desobediencia y atentado.
El 18 de junio de 2024, mientras Pantoja y López se dirigían a La Habana para realizar la protesta mensual que realizan desde marzo de 2023, en aras de exigir mejores condiciones de vida en la isla y la apertura a procesos institucionales democráticos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) las interceptó y detuvo arbitrariamente. Posteriormente, la PNR las condujo a la Estación Policial de la misma institución en Matanzas, según el documento de la fiscal compartido a esta organización, bajo el argumento de que “tenían la orden de verificar a los pasajeros” como parte de sus “labores de vigilancia del sector asignado”, sin haberles presentado la orden para ello. Durante los hechos no hubo cámaras o testigos y fueron conducidas en patrullas distintas y aisladas.
Durante el trayecto, las activistas fueron gravemente agredidas físicamente por una mujer policía. De acuerdo con Alina “aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres”. López permanece con las secuelas de la agresión, le fue diagnosticado laberintitis postraumática, como consecuencias de los golpes y “Jenny, por su parte, padeció durante semanas de dolores y molestias a nivel del diafragma, debido a que la oficial se encimó sobre su pecho con su gran peso y volumen”.
Pese a la violencia a la que fueron sujetas Pantoja y López, la policía agresora denunció a las activistas por el delito de “atentado”. El 26 de mayo, la FGRC presentó las conclusiones provisionales a la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, en donde solicita que se aperture un juicio oral en contra de ellas por los delitos de atentado para el caso de Jenny y para Alina por desacato, desobediencia y atentado. Solicita una sentencia de tres y cuatro años de privación de la libertad, respectivamente, sustituida alternativamente por trabajo correccional sin internamiento.
Además de este uso ilegítimo del poder público, las activistas son sistemáticamente agredidas directamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de manifestación. ARTICLE 19 ha documentado detenciones arbitrarias, vigilancia policial, amenazas, actos de hostigamiento y multas administrativas. Basta recordar que a Pantoja se le despidió de su trabajo como docente en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCM-H) el 23 julio de 2024 y el 12 de septiembre del mismo año, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) expulsó de sus filas a Alina Bárbara López.
Protestar, buscar, recibir y difundir informaciones e ideas no son un delito, por el contrario, son derechos protegidos por el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. El uso indiscriminado y desproporcionado del derecho penal busca inhibir y silenciar a las voces críticas y constituye una violación de estos derechos.
En este marco, exigimos al Estado cubano:
- Cesar inmediatamente la criminalización de las activistas Jenny Pantoja y Alina Bárbara López, así como el fin de la instrumentalización del derecho penal como represalia contra las voces críticas en la isla .
- Revisar las conclusiones emitidas por la FGRC, debido a la falta de sustento frente a las violencias vividas por ambas activistas, y la garantía de sus derechos judiciales, en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Atender a cabalidad su obligación de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión y de manifestación.
