Ciudad de México, 22 de junio de 2017.-
-
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/2017 sobre el “Caso Narvarte”
-
Ese organismo calificó como “graves” las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en el caso
-
¿Hasta cuándo vamos a saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y quienes mandaron matar a nuestros seres queridos? señalaron los familiares de Nadia, Rubén, Yesenia y Mile
El 31 de julio de 2015, en un departamento de la Colonia Narvarte se privó de la vida a Olivia Alejandra Negrete Aviles, Mile Virginia Martin, Yessenia Atziri Quiroz Alfaro, Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos y a Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista desplazado de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
Durante casi dos años, víctimas indirectas de los graves delitos ocurridos en la colonia Narvarte aquel 31 de Julio, así como sus representantes y organizaciones acompañantes, han denunciado públicamente las violaciones constantes y sistemáticas de las que han sido objeto desde iniciada la investigación a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Desde los primeros días posteriores a los hechos, las organizaciones civiles que representan a las víctimas, señalaron que se observaba en la actitud de la PGJDF una intencionalidad política “de no querer indagar a fondo sobre las líneas de investigación relacionadas con el estado de Veracruz, sobre la línea de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos”.
El día de ayer, miércoles 21 de junio de 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó la recomendación 4/2017 dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como autoridades responsables de violaciones a derechos humanos en perjuicio de las víctimas indirectas de los feminicidios y homicidio de las personas mencionadas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acreditó violaciones a los siguientes derechos humanos:
I. Derecho al debido proceso y debida diligencia, en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.
II. Derecho a la verdad y derecho de acceso a la justicia.
III. Derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho a la honra y a la dignidad.
IV. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“El impacto de estas violaciones acreditadas por la Comisión en el desarrollo de las investigaciones del caso y en el desarrollo judicial del mismo, es muy serio, pues muchas de las violaciones acreditadas ya no pueden ser subsanadas, lo que implica que el caso, así de mal como está no se puede corregir del todo”, señaló en conferencia de prensa el abogado Héctor Pérez Rivera de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM.
En su participación el abogado de la organización Article 19, Leopoldo Maldonado, aseguró que “ahora la Comisión acreditó que no se investigaron adecuadamente las líneas de investigación relacionadas con la libertad de expresión y con el derecho a defender derechos humanos, a pesar de que como coadyuvancia lo expresamos hace casi 2 años y a pesar de que ahora la Comisión también lo documentó, la PGJDF se sigue negando a hacer una investigación seria y creíble”
De acuerdo con la recomendación emitida por la CDHDF, en el expediente del caso, se carece de una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva, toda vez que desde su inicio no se actuó conforme a los protocolos de actuación determinados para cada delito y tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideran que los mismos se pudieron haber producido con motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como sus actividades laborales, género, nacionalidad, opiniones políticas o cualquier otro motivo de discriminación.
En la conferencia de prensa estuvieron enlazados en video los familiares de Mile Virgina, desde Bogotá, Colombia, y de Yesenia Quíróz, desde Mexicali, Baja California, y también estuvieron presentes Patricia y Alma Espinosa, hermanas de Rubén Espinosa.
Los familiares coincidieron en que esta recomendación es importante porque reconoce que el caso no está cerrado y reconoce que se tiene que seguir investigando, pero coincidieron en hacer una pregunta a las autoridades capitalinas, ¿hasta cuándo vamos a saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y quienes mandaron matar a nuestros seres queridos? e insistieron en que el derecho a la verdad no ha sido garantizado, por lo que señalaron que seguirán luchando por acceder a la justicia hasta conseguirla.
Las hermanas de Rubén Espinoza refirieron que “es una pena, que ahora el jefe de Gobierno quiera irse de candidato a la presidencia, cuando no pudo o no quiso resolver puntualmente este caso, es una pena que él y el Procurador se vayan de este gobierno dejando tras de sí tanta impunidad, tanta vergüenza y tanta complicidad con los que asesinaron a Rubén”.
La Abogada Karla Michel Salas, del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que “a pesar de que este caso es un caso emblemático dentro de toda la ola de violencia que se vive en contra de periodistas y defensores de derechos humanos a nivel nacional, y de que el Gobierno de la Ciudad tuvo la oportunidad de dar un ejemplo al realizar una investigación impecable, prefirió mandarlo al cajón de la impunidad. Esa fue una decisión política que tendrá sus costos para el jefe de gobierno y para el Procurador, pues ellos, han decidido que las y los periodistas y defensores de derechos humanos no nos volvamos a sentir seguras en esta ciudad” concluyó la abogada.
