El día de hoy presentamos nuestro informe anual, el fruto del trabajo arduo de todos los que trabajamos en ARTICLE 19. Presentamos un documento que da cuenta del estado en que se encuentra la prensa en México, violentada, amedrentada, silenciada. En Silencio Forzado se revela a un Estado que, por acción u omisión, se ha convertido en cómplice de la violencia contra la prensa en México.
México vive una inédita crisis de seguridad pública, en este contexto, ARTICLE 19 ha advertido un incremento preocupante de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios. En los últimos años, el patrón de la violencia contra la prensa ha cambiado sus características. Si en algún momento se habló de comunidades totalmente silenciadas, dado el efecto de las amenazas sobre las empresas periodísticas que se impusieron la autocensura como principal medida de supervivencia, en algunas etapas de esta historia los propios medios le mostraron a los criminales el valor que tienen los espacios periodísticos. Fue entonces que ellos también quisieron entrar y tener voz.
Así transitamos al escenario de los periodistas rehenes, a una nueva época en que garantizar la seguridad de las instalaciones y la integridad de la plantilla laboral pasa por difundir los mensajes que los delincuentes desean transmitir. Todo, ante la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones.
Silencio Forzado tiene como fin hacer un recuento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación durante 2011, pero también se propone ser una memoria más amplia de años recientes (especialmente de 2009 a 2011) y ofrecer una lectura de cómo las represalias que tradicionalmente se dirigían contra quien desafiaba a la figura presidencial o cuestionaba la actuación de los encargados de la función pública, se transformaron y escalaron en magnitud y frecuencia, merced al control que las autoridades —las legalmente instituidas y las de facto—, ejercen sobre la información en varias regiones.
De 2009 a 2010, el número total de agresiones presentó una caída que pudo haber sido atribuida ingenuamente a que el problema había venido a la baja o empezaba a resolverse. Sin embargo, el fenómeno no mostró una tendencia sostenida a la baja. En realidad, el alto nivel de violencia empleada por el narcotráfico favoreció durante una época el avance de la autocensura, los vacíos de información en relación con los hechos noticiosos cotidianos, pero particularmente en lo que se refiere a los incidentes que involucran a medios y periodistas.
Aun así, en 2011 las cifras volvieron a elevarse. Durante el año pasado se presentaron 172 agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa, entre las cuales se encuentran nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas de fuego o explosivos contra instalaciones de medios, sólo para hablar de los casos de mayor impacto.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11). El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 200% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas.
El papel de los gobiernos estatales y federal no ha sido el esperado en una crisis como la actual. Abundan los ejemplos sobre la creación de instancias inútiles que carecen de capacidades reales para atender el problema y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios de comunicación, pero que se presentan como acciones relevantes, para esconder la inoperancia del Estado.
En el mejor de los casos, se ha protegido inadecuadamente a los periodistas en riesgo. En el peor de ellos, son los propios funcionarios encargados de las investigaciones y la procuración de justicia quienes encabezan acciones contra el libre ejercicio periodístico, en muchas ocasiones envileciendo a las víctimas, desestimando la posibilidad de que hayan sido atacadas en razón de su trabajo o acusándolas de delincuentes sin haber iniciado siquiera las indagatorias.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que en seis años de existencia ha tenido dos nombres diferentes, cuatro titulares distintos, ha ejercitado acción penal en sólo 27 casos de agresiones a periodistas y conseguido una sola sentencia condenatoria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de no contar con criterios claros para la integración de los registros de agresiones a periodistas, ha establecido un mecanismo interinstitucional de protección a periodistas que, con un presupuesto inicial de 25 millones de pesos, supuestamente destinado a ejecutar medidas de protección para comunicadores en riesgo, reporta haber ejercido un porcentaje de menos de 4% en medidas cautelares, logro que se encuentra lejos de parecerse a una política pública en materia de prevención o una estrategia orientada a la erradicación de las agresiones contra los informadores y las informadoras.
Un reconocimiento a todos aquellos valientes que, a pesar de estas circunstancias, siguen ejerciendo su derecho a la libre de expresión, su derecho a informar y ser informados. Son ustedes quienes le dan esperanza a este desolador panorama. Gracias.
En memoria,
9 asesinados (2011): Luis Emanuel Ruiz Carrillo, Noel López Olguín, Pablo Aurelio Ruelas, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Humberto Millán Salazar, Marcel Yarce, Elizabeth Macías Castro.
En la búsqueda,
2 desaparecidos (2011): Marco Antonio López Ortiz (7 de junio 2011, Acapulco, Guerrero) y Gabriel Manuel Fonseca (19 de septiembre 2011, Acayucan, Veracruz).
