México D.F., 8 de diciembre (Anticensura).-Ser defensor o defensora de derechos humanos en México tiene un alto riesgo. Su trabajo nace en oposición a problemas endémicos como la corrupción, el abuso y el desdén de la autoridad en el cumplimiento de sus obligaciones, la impunidad que camina de la mano de la inadecuada administración de justicia. Su trabajo, como el de los periodistas, es incómodo por sus señalamientos a los poderes legales y fácticos.
Muchas personas inician la defensa de derechos humanos a partir de circunstancias personales, sin muchas herramientas y a veces sólo convocando voluntades mientras pedían a funcionarios mejorar las condiciones de sus comunidades. Derecho de audiencia para solucionar problemas, sanción para un servidor público negligente. Su activismo las y los vuelve peligrosos para quienes medran desde el poder público y quienes prosperan de su complicidad con éstos o de la inacción de éstos.
Así murió hace un año Marisela Escobedo, asesinada frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras exigía justicia para su hija, a cuyo asesino las autoridades locales liberaron. Así murió hace unas semanas Nepomuceno Moreno Núñez. Participaba en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para pedir el esclarecimiento de la desaparición forzada de su hijo a manos de policías estatales de Sonora. Así murió también, el pasado 7 de diciembre, Trinidad de la Cruz, parte del Movimiento y defensor del derecho al reconocimiento de las tierras de la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán.
Estos tres casos hablan claramente de la inacción de las autoridades, la negativa de los gobiernos estatales y federal a escuchar a las víctimas de la violencia que pretenden presentar sus casos e incluso para brindarles medidas de protección. No importa si las solicitudes para proteger su vida e integridad personal vienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. .
Se ha vuelto preocupante la tendencia de las autoridades a descalificar a las victimas e incluso etiquetarlas antes de siquiera investigar los casos, vinculándolos con la delincuencia organizada (como en el caso de Nepomuceno) y enviando un mensaje de que no vale la pena llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes.
El propio secretario de la Marina, Francisco Saynez Mendoza envileció el pasado 26 de julio la defensa de los derechos humanos al manifestar que la delincuencia organizada usa el tema con la intención de obstaculizar el combate emprendido por las fuerzas armadas. “Al utilizar la bandera de los derechos humanos, intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir su participación en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”, dijo.
Las declaraciones han tomado el sitio que deberían tener las investigaciones rigurosas y la sanción a los agresores.
Según reporte de la reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre enero de 2005 y mayo de 2011 inició 523 expedientes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de defensores. Sin embargo, hay que advertir el subregistro de casos que existe, sea porque no hay servidores públicos implicados directamente en la agresión, porque no llegaron a ser conocidos por los organismos estatales y nacional de derechos humanos, o porque nunca fueron denunciados.
El problema es más grave de lo que reconoce el gobierno federal. México ha recibido varias recomendaciones de organismos internacionales para proteger a personas defensoras, entre ellas:
-El Comité de Derechos Humanos de la ONU 2010 recomendó a nuestro país “tomar medidas inmediatas para proporcionar protección eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales”
-El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2009 pidió “reconocer públicamente el importante papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las ONG en la protección de los derechos humanos en México” e “investigar los casos de agresiones y actos de violencia y amenazas contra periodistas y defensores de los derechos humanos, a fin de someter a la justicia a los autores, e intensificar los esfuerzos para garantizar que la investigación de las agresiones contra los defensores de la libertad de expresión se haga a nivel federal”.
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de derecho”.
-La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya apunta que: “los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a las personas que estén bajo su jurisdicción, incluidos los defensores, independientemente de la condición de los presuntos autores. En los casos en que estén implicados agentes no estatales —en particular empresas privadas y grupos armados ilegales— es fundamental que se lleve a cabo una investigación rápida y completa y que se someta a los autores a la justicia. El incumplimiento por los Estados de su deber de enjuiciar y castigar a los culpables es una violación clara del artículo 12 de la Declaración sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos. Enfrentar la cuestión de la impunidad es un paso clave para garantizar un entorno seguro para los defensores.”
La respuesta del Estado mexicano para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos no ha sido la esperada. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2012 se destinarán 2 millones 500 mil pesos para los Mecanismos de protección a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual está lejos de saldar la deuda histórica que tiene México con las personas que defienden derechos humanos ni con sus responsabilidades y obligaciones internacionales en la materia.
